El presidente Abelardo De la Espriella anunció en X una ofensiva para reforzar los controles sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, luego de identificar empresas que, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, estarían relacionadas con presuntas estructuras criminales o presentarían irregularidades en el manejo y control de armas.
El jefe de Estado señaló que, tras la posesión del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, impartió una instrucción para intensificar las acciones contra compañías que eventualmente estarían siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales para acceder a armas, protegerse o encubrir actividades ilícitas.
En su pronunciamiento, el funcionario hizo referencia a investigaciones relacionadas con empresas que tendrían presuntas conexiones con organizaciones criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de posibles irregularidades relacionadas con el control y manejo de armas.
De La Espriella aseguró que la compañía Maximus tiene su licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas ya se habrían adoptado decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme.
La situación de OL Security Group–Servisecurity es diferente. De acuerdo con el pronunciamiento, la empresa permanece suspendida y el procedimiento para determinar la cancelación de su licencia continúa en trámite.
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Las diferencias entre estas situaciones son relevantes, pues una decisión de cancelación que todavía no está en firme no tiene el mismo alcance jurídico que una licencia cuya cancelación ya adquirió firmeza. Del mismo modo, una suspensión administrativa y una investigación no equivalen por sí mismas a una condena penal.
En el caso de OL Security Group–Servisecurity, la compañía permanece con licencia suspendida y su proceso de cancelación continúa en trámite.
Estos procedimientos están relacionados, según el pronunciamiento, con investigaciones sobre posibles conexiones con estructuras criminales y con presuntas irregularidades en el control de armas.
“¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!”, afirmó De La Espriella al presentar los resultados de las actuaciones que, según explicó, viene adelantando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El balance más reciente de la Supervigilancia revela la suspensión y cancelación de licencias a 31 empresas de seguridad privada por presunta infiltración criminal, lavado de activos e irregularidades administrativas graves.
Entre los casos más críticos están los mencionados por el presidente: Maximus, Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group—investigadas por deudas históricas, fallas de custodia y el presunto uso de su armamento en hechos delictivos.
Esta intervención responde a una alerta institucional mayor, pues la entidad descubrió que existen 197 empresas inactivas que retienen 62.664 armas cuyo paradero actual es completamente desconocido.
En el frente financiero y operativo, las acciones de control han derivado en 280 sanciones notificadas y mantienen más de 1.940 procesos en curso debido a la falta de entrega de información contable por parte de los vigilados.
La Supervigilancia, que reporta un avance del 90.51 % en la evacuación de estos procesos acumulados, proyecta emitir entre 500 y 600 sanciones adicionales, lo que podría traducirse en multas globales cercanas a los $30.000 millones de pesos.
Los principales motivos que sostienen estos castigos económicos y operativos abarcan la violación a las tarifas reguladas mediante competencia desleal, severos incumplimientos en la contratación de los seguros de vida obligatorios para los vigilantes y fallas críticas en los filtros de selección de su personal.
El control de las armas, uno de los puntos centrales
Más allá de las decisiones administrativas contra las empresas mencionadas, uno de los asuntos que mayor énfasis recibió en el anuncio fue el control del armamento utilizado por el sector de vigilancia privada.
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De La Espriella exigió establecer qué ocurrió con las armas que presentan faltantes y reclamó controles más rigurosos para determinar su ubicación, custodia y eventual utilización.
El tema adquiere especial importancia debido a que las empresas de vigilancia privada tienen acceso a armamento sometido a controles y obligaciones específicas.
Por ello, cualquier inconsistencia en los inventarios o en la trazabilidad de las armas puede generar actuaciones de las autoridades encargadas de la supervisión y, dependiendo de los hechos que logren establecerse, eventuales investigaciones judiciales.
El mandatario De la Espriella fue enfático en señalar que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia, independientemente de quiénes sean.
El pronunciamiento también puso sobre la mesa las investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre compañías del sector de seguridad privada y estructuras criminales.
Entre las organizaciones mencionadas aparecen Los Costeños y el Clan Vega Daza, estructuras a las que las autoridades han atribuido actividades delictivas en diferentes regiones del país.
Sin embargo, las referencias a estas conexiones deben entenderse dentro del contexto de las investigaciones y actuaciones mencionadas por las autoridades.
En otras palabras, de acuerdo con lo dicho por el presidente, la existencia de una investigación, una suspensión o un proceso administrativo no determina automáticamente la responsabilidad penal de una empresa, de sus propietarios o de sus trabajadores.
Una operación que busca extenderse por todo el país
El anuncio plantea además una estrategia de alcance nacional. De La Espriella sostuvo que las autoridades avanzarán “departamento por departamento, rincón por rincón de la patria” para detectar y desmantelar empresas que eventualmente estén siendo utilizadas como fachadas por organizaciones delincuenciales.
La expresión refleja la intención de ampliar las labores de inspección y vigilancia sobre el sector, más allá de las compañías que ya aparecen en los procedimientos mencionados.
La apuesta del Gobierno es revisar no solamente la documentación y las condiciones bajo las cuales operan las empresas de seguridad, sino también la manera en que administran sus armas, sus operaciones y sus vínculos con terceros.
El objetivo anunciado es evitar que compañías formalmente constituidas terminen siendo utilizadas para facilitar actividades criminales o para proporcionar a estructuras ilegales acceso a elementos, servicios o capacidades propias del sector de seguridad privada.
Las actuaciones administrativas quedan ahora bajo escrutinio Los casos de Maximus, Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group–Servisecurity pasan así a ocupar un lugar central en la estrategia anunciada por el Gobierno.
El desarrollo de estos procesos permitirá establecer cuáles decisiones quedan definitivamente ejecutoriadas y cuáles pueden ser objeto de los mecanismos de defensa y recursos contemplados por la legislación.
El otro frente será determinar qué ocurrió con las armas cuyo control aparece cuestionado y si las irregularidades detectadas tienen únicamente consecuencias administrativas o si existen elementos que deban ser puestos en conocimiento de las autoridades judiciales.
Tomado de El Colombiano.
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