Imagen ilustrativa; no corresponde a los equipos aprehendidos por la Dian. Foto: Clemenspool, Wikimedia Commons (CC0).
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aprehendió 91 drones en un establecimiento comercial de Barranquilla, en un procedimiento conocido este martes 18 de noviembre. El operativo, a cargo de la Dirección Seccional de Aduanas de la ciudad, se suma a otros dos, en Buenaventura y Cartagena, donde la misma entidad había retenido 463 equipos. En las tres ciudades, el consolidado llega a 554 drones, según El Tiempo.
El dato importa por el contexto, no por una sentencia sobre cada cargamento. El propio diario precisa que, hasta ahora, no se ha informado que los 91 drones de Barranquilla estuvieran destinados a organizaciones criminales ni que exista una conexión comprobada entre el establecimiento y grupos armados ilegales. Tampoco se ha divulgado el nombre del local ni el valor de esos equipos. En Buenaventura, 360 aparatos iban ocultos en un contenedor de juguetes; en la Zona Franca La Candelaria, en Cartagena, fueron retenidos 103 drones y componentes, avaluados de forma provisional junto con el lote del puerto del Pacífico en 357 millones de pesos, de acuerdo con el comunicado de la Dian recogido por El Tiempo y por Cambio.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó reforzar los controles para impedir que estos dispositivos se comercialicen de manera irregular. «No vamos a permitir que estos equipos lleguen ilegalmente a manos de quienes los utilizan para sembrar el terror», escribió el mandatario. El Gobierno sitúa los operativos en una ofensiva más amplia, después de ataques con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas, entre ellos el del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar.
Esa preocupación no es nueva en el debate público colombiano. El 14 de julio de 2026, Andrés Vanegas Fernández, magíster en Seguridad y Defensa Nacional por la Escuela Superior de Guerra, firmó el análisis «Colombia frente a la amenaza de los drones». No se ha pronunciado sobre el operativo de Barranquilla ni sobre los retenidos en los dos puertos. Sí había descrito, meses atrás, el mecanismo que hoy vuelve a aparecer en las aduanas: la conversión de aparatos civiles en herramienta de combate.
«Los grupos armados ilegales han comprendido algo que muchas instituciones aún están asimilando: la tecnología ha democratizado el poder de combate», escribió. Y añadió: «Con inversiones relativamente bajas, organizaciones criminales e insurgentes han adaptado drones comerciales para vigilancia, inteligencia, transporte de explosivos y ataques directos contra unidades de la fuerza pública».
Esa frase ayuda a leer el número, 554, sin inflarlo. Un dron comercial no es, por sí solo, un arma. El riesgo que Vanegas señaló en julio es el de la adaptación: vigilancia, transporte de explosivos y ataque, a partir de plataformas que circulan por canales de comercio. La Dian interviene precisamente en ese tramo —el ingreso y la comercialización— cuando encuentra irregularidades. Cambio recuerda, además, que a comienzos de noviembre la Armada incautó más de 36 piezas para drones en una lancha que navegaba por el río Meta hacia Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela, sin papeles que acreditaran su origen.
Vanegas insistió en que lo más grave no es solo el aparato. «Lo más preocupante no es el uso de estas plataformas en sí, sino la velocidad con la que los actores ilegales incorporan nuevas capacidades». Y situó la respuesta del Estado en una estrategia, no en un operativo aislado: «Colombia necesita una estrategia nacional de protección del espacio aéreo de baja altitud que integre capacidades de detección, identificación, monitoreo y neutralización de drones hostiles». Los controles aduaneros pueden cortar una vía de abastecimiento; no sustituyen, en su planteamiento, esa arquitectura más amplia, ni la doctrina, el entrenamiento y la inteligencia que, escribió, deben acompañar a la tecnología.
«Ante esta realidad, reaccionar después de cada incidente ya no es suficiente», concluyó en julio. Los 554 drones retenidos en Barranquilla, Buenaventura y Cartagena son un hecho de aduana, todavía sujeto a verificación legal en cada caso. El marco con el que Andrés Vanegas Fernández había descrito el problema sigue siendo el de una amenaza que ya no es lejana y que se alimenta, en parte, de tecnología civil.
