Un nuevo choque judicial y administrativo sacude el proceso de disolución del Ministerio de Igualdad y Equidad. El Gobierno nacional anunció que llevará ante la justicia al exministro de esa cartera, Luis Alfredo Acosta, tras detectar una serie de presuntas irregularidades contractuales y la no entrega de los accesos a bodegas que albergan mercancías de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) valoradas en $16.800 millones.
El vocero de la Presidencia, Miller Soto, confirmó la medida en rueda de prensa e indicó que el exfuncionario aún mantiene en su poder las llaves de los inmuebles, a pesar de que la entidad se encuentra en pleno trámite de disolución.
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Contratación de última hora bajo la lupa
La revisión institucional enfocó sus alarmas en las operaciones financieras realizadas a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), brazo ejecutor del ministerio. Según las auditorías gubernamentales, se identificaron más de 60 contratos firmados en la fase final de la entidad por un valor conjunto que asciende a los $469.000 millones.
Soto reveló además una elevada concentración de los recursos públicos, señalando que un único contratista habría recibido adjudicaciones por más de $171.000 millones, escenario que contrasta con el histórico de la cartera, cuya ejecución de inversión no superaba el 5% el año anterior.
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Acciones penales, fiscales y reestructuración
Ante la gravedad de los hallazgos, el Ejecutivo formalizó un paquete de 13 acciones legales: seis denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la Nación, cinco procesos disciplinarios y dos aperturas de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República.
Como parte del desmonte definitivo ordenado bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, se suprimieron 40 cargos directivos correspondientes a la línea de viceministerios. Asimismo, se anunció que $20.000 millones anuales del presupuesto de funcionamiento de la extinta cartera serán reorientados para la atención de familias damnificadas por el reciente terremoto.
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El origen de la disolución y la crisis de los excontratistas
El cierre definitivo de la entidad, creada en 2023 bajo la Ley 2281 durante el mandato de Gustavo Petro, obedece al cumplimiento del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026. La medida se aplicó luego de que la Corte Constitucional tumbara su norma de creación por vicios de trámite (falta de aval fiscal) y de que el Congreso de la República no aprobara la ley subsanatoria.
Paralelo a las investigaciones a altos mandos, decenas de exfuncionarios y contratistas independientes enfrentan un drama laboral por el impago de honorarios de hasta tres meses y el rembolso de comisiones de campo que superan los $3 millones por persona. Los afectados denuncian que la suspensión abrupta de sus correos institucionales el 21 de junio les impidió tramitar sus cuentas de cobro, dejándolos en la incertidumbre ante el Ministerio del Trabajo y la firma liquidadora.
Con información de El Colombiano.
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