Es cierto que la función del Estado es servir a la comunidad, tal como lo enseña el artículo 2 de la Constitución Nacional y que es deber del ciudadano financiar al Estado, de acuerdo al numeral 9 del artículo 95 de la misma Carta Magna, pero los contribuyentes en Colombia perciben que sólo el ciudadano cumple con su parte, pero el Estado se queda corto en el cumplimiento de lo que le corresponde.
Siempre hemos dicho que el impuesto es una imposición económica que le arrebata al ciudadano parte de los ingresos que obtiene con “el sudor de su frente”, algo que de por sí no es de buen recibo, pero el disgusto es mayor cuando ese ciudadano contribuyente se entera que el dinero que ha pagado por concepto de impuesto es descaradamente utilizado para beneficio particular de unos pocos, quienes hacen parte de las estructuras del Estado, que está autorizado –entre otras funciones– quitarle a la gente parte de su patrimonio.
El hecho que el Estado reciba el dinero de los ciudadanos y que luego un alto funcionario inescrupuloso se lo apropie, lo cual se constituye en un gran efecto negativo, es esta la forma como el ciudadano común y corriente percibe la función del Estado.
Lo que se puede percibir en la opinión pública de los colombianos sobre la Reforma Tributaria que se tramita en el Congreso, es que la nueva alza de impuestos que producirá esta reforma, es injusta e inoportuna y hasta se puede catalogar como una reforma tributaria para alimentar la corrupción en Colombia.
Es que no se puede denominar de otra manera el enésimo incremento de los impuestos en un país en donde la corrupción no para de crecer ni por un minuto, al tiempo que los protagonistas de los diarios y multimillonarios desfalcos contra el Estado son amparados por una casi inexpugnable barrera de impunidad, son muchos los billones del erario que se esfuman hacia las arcas de los corruptos, fieles y descarados protagonistas de los sobornos, contratos inflados y obras mal construidas; antes que recurrir a una reforma tributaria con las perjudiciales aristas que ella contempla, valdría la pena que primero se trate de cauterizar esas venas rotas que tanto daño le han hecho al pueblo colombiano, antes que recurrir una vez más al sacrificio de los contribuyentes.
En Colombia, el aumento y la aparición de nuevos impuestos y el incremento de los que ya existen, son el pan de cada día; hasta el ciudadano más carente de recursos está obligado a pagar un impuesto al Estado; para poder comer, si quiere vestirse, para utilizar el transporte público, incluso hay mucha gente que come menos por causa del dinero que el Estado le sustrae por medio de los impuestos; pero lo más lamentable es percatarse que ese dinero, que debería ser para dar de comer a sus hijos, o para comprarles medicina, es utilizado como fondo de caja menor por los inescrupulosos de turno, lo cual no solo es una aberración, sino un macabro y execrable crimen.
Mientras las prácticas corruptas no se reduzcan hasta las justas proporciones, el ciudadano tendrá una justificación, o una verdadera razón para su desconfianza al momento de pagar los impuestos.
Adicionalmente, causa molestia que el Estado sólo se centre y se esfuerce en mejorar el recaudo, es decir en quitarles más plata a los contribuyentes, pero que no haga esfuerzos para mejorar la gestión de esos recursos.
Entre más apriete el gobierno con las permanentes reformas tributarias como la que se tramita actualmente en el Congreso, la resistencia a pagar tantos impuestos en Colombia aumentará.
