Continúan suspendidas las actividades académicas en las universidades públicas, debido al paro que adelantan los estudiantes de las 32 que existen en Colombia, esta decisión se mantendrá hasta tanto no se tenga certeza del resultado positivo de las protestas exigiendo mayores recursos .
No se puede desconocer que los recursos que se destinan en el presupuesto nacional a las universidades públicas, desde mucho tiempo atrás ha venido generando reacciones de inconformidad, no solo entre los estudiantes sino también entre los rectores y demás estamentos universitarios, debido a que se estima que las partidas asignadas a estas instituciones, siempre están por debajo de las necesidades acumuladas, no obstante que se pregona por parte del Gobierno la destinación de recursos suficientes para el saneamiento de obligaciones en los claustros oficiales de educación superior de nuestro país, para poder atender la demanda de aspirantes, especialmente pertenecientes a la clase media.
Es por esto que le corresponde al Gobierno Nacional, presidido por Iván Duque, atender con mayor prontitud esa demanda de recursos para el funcionamiento de las universidades públicas; el alto Gobierno conoce de sobra las necesidades de los centros de educación superior, que son de vieja data, pero no por ello le invierte lo suficiente, para que puedan cumplir con la demanda cada día más creciente de estudiantes, dejándole la carga de conseguir recursos para su funcionamiento, a través del incremento del valor de las matrículas.
Un concepto mundialmente aceptado, es que las universidades públicas fueron creadas para formar profesionales y solventar la inteligencia de las sociedades, pero además para cumplir funciones con responsabilidad social.
A pesar que existen otros agentes generadores de conocimiento, los centros de educación superior serán siempre instituciones vitales para la sociedad, porque a través de la educación que imparten sustentan los sistemas económicos y culturales.
No obstante lo anterior, las familias de clase media en Colombia tienen sobre sus hombros una carga cada vez más pesada y difícil de cumplir, como es el alto costo de las matrículas en la universidades privadas, una opción imposible para muchos padres de familia.
El sacrificio que cada cabeza de hogar hace semestre a semestre, para cumplir con esta obligación crece considerablemente y los padres y madres, sienten que cada año aumentan las dificultades para poder cumplir con tan sagrado deber.
Al mismo ritmo crece el número de hogares de sectores medios de la población en que los jóvenes se ven en la necesidad de truncar sus estudios por falta de capacidad económica de muchos padres de familia.
Las familias pertenecientes a los estratos medios de la población deberían ser el centro de los cuidados del Estado y del modelo económico de desarrollo, ya que son ellas el renglón más sólido que tiene la economía para fortalecerse.
El valor de las matrículas pesa mucho en la economía de cada hogar; los esfuerzos para que un hijo culmine estudios superiores son muchos y la remuneración que el mercado paga a los profesionales jóvenes es baja; además, encontrar el primer empleo es cada vez más difícil y adicionalmente, hay ahora otra exigencia del mercado: los estudios de posgrado.
El lograr pagarlos es un desafío de titanes; infortunadamente las políticas del Estado para darle una mano en esta materia a amplias capas de la población son insuficientes.
Como complemento el Icetex ha modificado sus políticas y los testimonios de quienes logran acceder a tales créditos y el costo financiero que por ello deben pagar, se constituye en un verdadero obstáculo que deberá ser subsanado por el actual gobierno.
Estudiantes y docentes de nuestra universidad del Atlántico, como también ha sucedido en las de otras regiones del país, siguen haciendo pública sus justas peticiones, de una mayor asignación de recursos nacionales para normalizar el funcionamiento de esas instituciones de enseñanza superior.
Esa ayuda es prioritaria para evitar colapsos que obstaculicen planes y programas académicos en perjuicio de quienes han escogido esas aulas para cursar sus carreras profesionales o tecnológicas.
Insistimos a los congresistas del Atlántico sobre la necesidad de incluir entre sus prioridades legislativas la consecución de recursos para la Universidad del Atlántico.
