La reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud sigue siendo uno de los temas de palpitante actualidad en Barranquilla y Colombia.
En forma permanente, afiliados y beneficiarios se ven en la imperiosa necesidad de interponer Acciones de Tutela para presionar la prestación de servicios médicos e incluso el suministro de medicamentos. Mientras esto sucede los distintos actores privados y públicos del sistema se cruzan señalamientos y culpas; lo cierto es que el mayor perjuicio lo sufren los pacientes y sus familiares por falta de claridad, sin que las autoridades entren a dilucidar este asunto en medio de un maremágnum de interpretaciones en los despachos del gobierno.
Un nuevo auge en esta crisis se generó por la presentación de un reciente sondeo realizado por nuestra Unidad Investigativa, denominado ‘La tutela y el derecho a la salud’; según esa investigación, más de la tercera parte de las tutelas en el país se han interpuesto para reclamar aspectos relacionados con la salud, de estas, más de la mitad han sido instauradas para reclamar el cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud (POS).
También se encontró que la tercera parte de las tutelas se instaura contra las entidades de aseguramiento que administran el régimen contributivo y subsidiado, es decir en su mayoría contra las Empresas Promotoras de Salud (EPS), gran parte de los recursos de amparo solicitan exámenes clínicos, medicamentos y cirugías.
Hace algún tiempo, las EPS, agremiadas en Acemi, acudieron a un derecho de petición, en cuya parte motiva dan a entender que muchas de las interpretaciones que hacen los usuarios no son exactas, ya que parten de conceptos y pronunciamientos de la Superintendencia de Salud, que a su vez, van en contravía de las posiciones del Ministerio de Hacienda, que tampoco concuerdan con las del Ministerio de Salud.
Si se analiza lo advertido por la investigación particular y las razones que exponen las EPS para replicar las conclusiones, lo único que queda claro es que existe un vacío normativo inexplicable en todo el sistema de aseguramiento en salud, sobre todo en relación con los contenidos del POS, que deben ser definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Más allá de la pelea de artículos e incisos que cada uno de los actores del sistema trae a colación para defender sus tesis y posiciones, la verdad es que hay procedimientos médicos que no se estipulan debidamente en el POS, lo mismo que no se precisan los medicamentos, prótesis, elementos quirúrgicos y hasta las tecnologías que se requieren para implementarlos o seguir el tratamiento respectivo.
Mientras ello no ocurra la ‘tutelitis’ seguirá reinando en el sistema de salud, pero también tenemos que insistir en que se deben reducir las causales de las tutelas.
Las correcciones al modelo de sostenibilidad del sistema de aseguramiento en salud, qué cubre y qué no cubre el POS, cuál es el costo de las tecnologías, medicamentos y procedimientos médicos y si es necesario aumentar el valor del llamado copago, son problemas que deben ser abordados urgentemente.
Lo cierto es que el sistema necesita un reajuste de doble vía; de un lado hay que definir el POS con la máxima exactitud posible, para que las EPS sepan a qué atenerse y de otro debe existir una voz unificada en el Gobierno para saber cuáles son las directrices exactas. Una vez establecido lo anterior, las EPS tendrán que hacer los ajustes correspondientes en la absorción de la demanda y adecuar los servicios médicos. Mantenerse en un rifirrafe permanente, sin que el Estado y los prestadores de los servicios definan la situación a través del Consejo de Seguridad Social, es perder tiempo en aquello que necesita soluciones inmediatas e irreversibles.
