Con rostro risueño y mirada de niño inocente que cree poseer el secreto de la felicidad, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, José Andrés Romero, ha anunciado a los colombianos que el gobierno de Iván Duque tiene listo un proyecto de reforma tributaria apodado como de ajuste fiscal, para suavizar su impacto en la ciudadanía, cuyo eje central es la extensión en un 19% del impuesto al valor agregado al arroz, la leche, el maíz, la yuca, el pescado, las carnes, el fríjol y toda la canasta familiar. Lo anterior saldría adelante si el Congreso de la República aprueba el engendro concebido por el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, basado en que, según él, el salario mínimo en el país es muy alto. El director de la DIAN transmite lo craneado por Carrasquilla en el escaso tiempo dedicado a la cartera a su cargo, pues ha venido ocupado en la búsqueda de respaldos para neutralizar, como ya lo consiguió, la moción de censura promovida en su contra, a raíz del enorme desastre que por su culpa padecen más de cien municipios del país, por el endeudamiento en que los embarcó para el dudoso financiamiento de fallidas obras de acueducto y saneamiento básico.
La justificación del frankestein tributario que se promueve, supuestamente busca hacer justicia, porque a la gran masa pasible del gravamen, la más empobrecida, se lo reembolsarían y no a los consumidores de buena capacidad económica, que se han beneficiado de su ausencia, lo cual no es un mal chiste, aunque lo parece, sino una aberrante crueldad. El director de la DIAN ha dicho lo siguiente: “Lo que queremos es universalizarlo para que sea un impuesto mucho más equitativo, compensando a las personas de menores recursos y asegurándonos de que ese impuesto que ellos pagan sea devuelto mediante un mecanismo eficiente y que funcione”. Gran parte de la población colombiana gana el salario mínimo de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos, que gasta en consumo forzoso. Y con el gravamen del 19% va a reducirse a seiscientos treinta y dos mil ochocientos seis pesos, pues el porcentaje arroja la suma de ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos. No es necesario tener aptitud de vidente para arribar a la conclusión de que en esa forma se agravarán los niveles de desigualdad y pobreza, y de todo lo que esto trae consigo en materias social y de seguridad física. Y es muy claro, porque a la gente con hambre no se le puede exigir un comportamiento igual a la que no solo está lejos de padecerla, sino que puede darse el lujo de extravagancias. El proyecto, sin embargo, no es pan comido y podría haber fuertes reacciones en contra, aunque es claro que hay congresistas que accederían a las aspiraciones del régimen, a cambio de disimuladas canonjías, sin el nombre desprestigiado de mermelada.
Con todo, aunque la mayoría del Congreso no se sienta comprometida con el elector que la favoreció con el voto, sin que al tenor constitucional le confiriera mandato, hay en esa colegiatura voces esperanzadoras que aunque son minoría, tienen voluntad, peso específico y capacidad de convocación, para contrarrestar proyectos tan dañinos como el anotado. Sólo los ingenuos pueden tragarse el cuento de que el gobierno de Duque reembolsará el IVA a la gente de bajos ingresos, e igualmente, que su administración va a reducirlo al 18 y 17% en los años 2019 y 2020. Nadie en sus cabales puede creerlo. Y razones abundan. Una de ellas es la del impuesto a las transacciones financieras, que fue creado en un 2% para atender una grave emergencia, que al pasar aquella no solo se instituyó como permanente, sino que ladinamente se aumentó al 4%. Y por los vientos que hoy soplan, no sería raro que en el desenfreno alcabalero del actual gobierno, se esté pensando en subirlo uno o dos puntos más, pese a que la extensión del IVA a lo básico puede exacerbar los ánimo del sentir popular.
