En Colombia nos encontramos insertos en una sociedad, donde la ética pública es frecuentemente cuestionada por el desempeño de algunos estamentos oficiales, en donde la mayoría de los funcionarios del Estado cambian el rumbo y el manejo de los procedimientos de los servicios públicos y del derecho de los usuarios al acceso a éstos, tal como lo manda la Constitución Nacional.
A lo antes expuesto no se escapa un sector tan fundamental y trascendental en la formación de los ciudadanos y del desarrollo con equidad del país, como lo es la educación publica.
Parece ser que en este sector se presenta una desviación en la aplicación normativa en materia de derechos de los educandos y por ende, de los padres de familia y Barranquilla y el Atlántico, están incluidos en esta apreciación. Estamos finalizando el año escolar de 2018 y para los padres de familia de los estudiantes de 11o les sigue apareciendo la figura o cobro del Derecho a Grado: ¿Cómo se entiende que algunos rectores continúan cobrándolo, cuando el Gobierno ha establecido la gratuidad educativa?, pareciera que se repite la misma práctica que se hizo con las matrículas, introduciéndole fórmulas para finalmente sacarle dinero al pobre padre de familia; por esto es urgente la intervención de la Secretaría de Educación tanto distrital como departamental. Los cargos administrativos, en este caso, los que regentanodirigenlas instituciones educativas estatales, como son los rectores, tienen información y conocimiento directo del manejo presupuestal y por ende, sobre los rubros en materia de inversión y egresos, por lo que se puede afirmar que en este caso no es aplicable el concepto sobre el pago a derecho de grado, de tal manera, que no se puede permitir que en las instituciones educativas estatales predominen propuestas que como esta, están al margen de la ley.
Creemos que no existe argumento legal o de cualquier otra índole que justifique la decisión de algunos rectores del cobro a derecho de grado.
Antes por el contrario, la legislación de Colombia respecto a la educación gratuita y obligatoria es lo suficientemente clara sobre este aspecto. El Decreto 4807 de Diciembre 20 de 2011, expedido por la Presidencia de la República, por medio del cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y en su artículo 2 nos habla del alcance de la gratuidad educativa y claramente expresa: “La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios”.
Esto nos permite concluir que la gratuidad educativa para los estudiantes matriculados entre el grado 0 y 11, no deberán realizar ningún pago ni por los derechos académicos ni mucho menos por derecho al grado. Se podría afirmar que en el fondo hay como una especie de inducción de algunos rectores para con los padres de familia en el sentido de hacerlos sentir la necesidad de tener que pagar un derecho al grado de su hijo, al que no están obligados y a través de qué mecanismo o estrategia convencen al padre de familia, porque ellos aparecen como si no tuvieran “velas en ese entierro”.
Por todo lo anterior es que hoy hacemos un llamado urgente a las autoridades educativas: Secretarías de Educación, Contraloría, Personería y a los Consejos Directivos de las instituciones estatales de educación, a las asociaciones de educadores, padres de familia y la ciudadanía en general, para detener esta otra forma de injusticia social.
