La extensión del plazo en la etapa de precalificación del inversionista-operador para Electricaribe aumenta la incertidumbre que este proceso ha generado desde su inicio.
Si el Gobierno ya había indicado que el hecho que se presentara un sólo interesado estaba contemplada dentro de la convocatoria, por qué ahora argumenta que tiene que analizar la implicación que tendría el contar con un solo oferente y el impacto que tendría en la competencia del mercado de distribución y comercialización de energía.
Además la Superintendencia de Servicios Públicos afirma que la ampliación le permitirá evaluar más alternativas hasta llegar a la más indicada. ¿Cuáles sería esas alternativas?. Es la pregunta que surge.
Varios expertos en el tema energético consideran que si Enel cumple con los requisitos para precalificar en el proceso, pues bienvenido sea. Sin embargo creen que dicho proceso no llegará a feliz término, por la situación en la que está Electricaribe, a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno.
Si finalmente Enel no precalifica y la Superservicios evalúa otras alternativas, los expertos afirman que el paso a seguir debe ser que el Gobierno asuma el control de Electricaribe hasta estabilizarla y hacer atractiva para una inversión futura por parte de un interesado en el negocio.
Para ello siguieren que la modalidad que se tiene actualmente de intervención para liquidación de Electricaribe debe cambiarse por la alternativa de intervención para administración.
Esto le permitiría al gobierno nacional hacer un plan de largo plazo. En este proceso el Estado, teniendo el control de la empresa, puede destinar los recursos que se están requiriendo.
Estos dineros se utilizarían a título de inversión o mediante el Fondo de Contingencias de la Superintendencia o de compensación futura de acciones, como una contraprestación.
Los recursos irían en primera instancia para la sostenibilidad del servicio en el corto plazo, que es urgente. Y adicionalmente para atender los crecimientos de la infraestructura que se están requiriendo para la demanda futura de Electricaribe.
Posteriormente, con un plan de 10 a 12 años, el activo cobraría valor, que pudiera recuperar el Estado vía acciones o vía pago de los recursos invertidos, pero sobre todo se podría conseguir el restablecimiento de la calidad del servicio de energía en la Región Caribe.
Para contrarrestar la rapiña politiquera y como quiera que existen unas grandes acreencias, la junta de acreedores haría una rigurosa supervisión del proceso para que las cosas se hagan bien, en beneficio de todos y especialmente de los usuarios del servicio.
Y sin lugar a dudas en materia de regulación se hace necesario hacer algunas revisiones que permitan hacer atractivo el negocio, sin afectar el bolsillo de los usuarios.
Aporte de todos
Dicen los consultados, que es innegable que la empresa tiene hoy problemas estructurales que no la hacen atractiva, tales como el alto nivel de pérdidas, elevada deuda con los bancos, una infraestructura lamentablemente deteriorada en los últimos años y la mala conducta de muchos usuarios.
Esto último no es de poca monta y por ello se hace necesario que en todo este proceso haya conciencia en el sentido que la energía es un bien que debe ser pagado, que no debe ser hurtado bajo ninguna circunstancia.
Hay que incentivar adicionalmente el uso eficiente de la energía, de manera que se pueda optimizar el gasto que las familias destinan mensualmente para el pago de este servicio.
Y crear una conciencia de que todos debemos velar porque este problema se pueda solucionar colocando cada uno lo que le corresponde, es decir, el que llegue que lo haga para invertir y prestar un buen servicio, y los usuarios no robando energía y pagando las facturas.
