La Corte Constitucional le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía y la Procuraduría General adelantar las investigaciones necesarias frente a las denuncias que existen frente a las trabas administrativas que imponen las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para atender casos relacionados con la eutanasia.
El pronunciamiento se hizo al resolver una acción de tutela presentada por la familia de una mujer que buscaba que se le reconociera su derecho a morir dignamente luego que los tratamientos para atender una grave enfermedad no fueran efectivos. En la acción judicial se indicaba que tanto el médico tratante y la Clínica no atendieron su petición.
Los familiares de la mujer aseguraron que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud y a la muerte digna, puesto que pese a la existencia de normas claras frente al tema siempre recibieron una negativa. En el análisis jurídico, la Corte consideró que en efecto existieron falencias.
Para el alto tribunal, la falla en la aplicación de las normas afectó a la familia y a la mujer, por lo que dio un plazo para corregir estos errores. “Su labor –en referencia al Ministerio de Salud-no se limita a la expedición de normas sino además a la verificación de su efectivo acatamiento”. Por estos hechos le pidió a la Nueva EPS ofrecerle excusas públicas a la familia de la mujer.
FUENTE EL ESPECTADOR
