El polémico artículo de la reforma de justicia que limitaría a un año la detención preventiva, preocupó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
El mandatario señaló en una misiva enviada al presidente del Congreso, Ernesto Macías, que “limitar la detención preventiva a un año sería un duro golpe a la lucha frontal que desde las regiones venimos librando contra la criminalidad”.
En su carta el alcalde manifiesta que comparte las preocupaciones expuestas por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y explica cuáles son sus inquietudes.
Dice el mandatario que “dicha proposición, afectaría a todas luces la acción que desarrollamos desde el territorio contra la criminalidad y/o el delito, pues no solo se estaría promoviendo una política criminal donde primarían los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas; sino que se estaría exponiendo a la ciudadanía en general a la alteración de su tranquilidad y estabilidad social, al tener que experimentar indeseables situaciones, fruto de una excarcelación masiva de delincuentes de alta peligrosidad; si la precipitada propuesta llegase a surtir el trámite legislativo”.
Considera también Alejandro Char, que primero se debe pensar en descongestionar el sistema penal acusatorio del país, “consideramos, que para que una propuesta de este tipo pueda ser viable en nuestro país; debe resolverse primero el grave problema de congestión del sistema penal acusatorio donde hay represadas actualmente unas 45.000 audiencias ante los jueces de conocimiento, sin contar las más de 10.000 audiencias represadas ante los jueces de control de garantías”, señala la misiva.
El mandatario también asegura que se le estaría enviando a los ciudadanos un mensaje confuso, “donde solo se pondera la libertad del procesado y no los derechos de las víctimas, la sociedad y los deberes propios de la administración de justicia”.
Concluye la misiva solicitando que el Senado de la República estudie y debata “con detenimiento los argumentos del Sr. Fiscal General de la Nación y las consideraciones de las diversas autoridades locales sobre la propuesta referenciada”. Por su parte Macías anunció en las últimas horas que que presentará una proposición para eliminar dicho artículo. “El fiscal tiene razón de que esto no se puede elevar a rango constitucional; la medida está en una ley de 2015 que establece que la detención preventiva sea hasta de un año y si bien es cierto hay lentitud en la Justicia, tampoco podemos permitir que salgan después de un año los delincuentes a atentar contra los derechos de las víctimas”, señaló.
