La multa de casi 220 mil millones de pesos que tiene Gustavo Petro pendiente por pagar con el estado colombiano no es la única. Está a la espera de otras que le puede confirmar en segunda instancia la Contraloría de Bogotá en tres diferentes procesos por acciones realizadas cuando fue Alcalde de la capital.
La primera contra Petro y el exgerente de la Empresa de Acueducto, por la compra de los camiones recolectores de basura casi destartalados y que no cumplían con las especificaciones requeridas. La sanción sería de más de $40.000 millones, por responsabilidad fiscal. Fijada en primera instancia.

Otra sanción es por $97.654 millones, por detrimento patrimonial, y está decretada contra el exalcal de Petro y siete de sus funcionarios, que actuaron en la implementación del esquema de aseo.
La Contraloría advierte que esta condena se debe a las multas que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a la UAESP y a la Empresa de Acueducto, por $92.000 millones, cuando consideró que se había violado la libre competencia en el servicio de aseo.
Otro de los fallos en primera instancia contra Petro y la ex gerente de la Empresa de Energía, Sandra Fonseca, es por la pérdida de alrededor de $835.000 millones en el negocio de la recompra de un paquete de acciones que hicieron a la Transportadora de Gas Internacional (TGI) con la Empresa de Energía de Bogotá.
La cuarta sanción y multa por $217.000 millones contra Petro, por la reducción injustificada de las tarifas de Transmilenio. Este caso ya está con todas las instancias superadas, pero suspendida por medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humano -CIDH-, organismo al que acudió para no pagar y poder participar en las elecciones.
A Gustavo Petro también lo investigan por la compra en 2013 de 100 motos eléctricas con destino a la Policía Metropolitana de Bogotá y que hoy están arrumadas en un parqueadero convertidas en un montón de chatarra inservible. A esta investigación se suma otra por no realizar los recobros por atención prehospitalaria en las ambulancias de la red pública distrital, denuncia realizada por el concejal Julio Cesar Acosta en debate de control político, donde quedó demostrado que entre 2012 y 2015, la Secretaría de Salud dejó de cobrar más de 100 mil millones de pesos a EPS y ARL por traslados de pacientes en ambulancias del distrito.
Cabe recordar que esta semana la Corte Constitucional falló en contra las pretensiones de Gustavo Petro quien buscaba tumbar varios artículos que establecen inhabilidades para desempeñar cargos públicos. La sentencia del alto tribunal confirmó que para desempeñar cualquier cargo público, sea quien sea, debe pagar las obligaciones fiscales que, desde su vigencia, exige el artículo 38, numeral 4, parágrafo primero y la Ley 610 de 2000(art. 60, parcial).
De inmediato Petro se victimizó alegando que lo que quieren es que no llegue a la Presidencia. Por su parte, adeptos al senador empezaron a recolectar dinero para ayudarle a pagar pero él salió a desmentir que él fuera quien estaba detrás de la iniciativa.
Gustavo Petro sí está inhabilitado para posesionarse por elección popular: Corte Constitucional
