Triple A decidió acoger la solicitud del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, hecha hace una semana y en la que el jefe del Ministerio Público le pide a la empresa suspender un contrato de servicios de asesoría técnica que mantiene con su socia, Inassa, “para evitar defraudación”.
La firma de servicios públicos, que opera en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, informó la decisión por medio de una carta enviada a las procuradurías delegadas para Asuntos Penales y Primera para la Contratación Estatal.
Una semana atrás, el procurador general solicitó la suspensión del contrato por el presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado que no estarían siendo suministrados.
De acuerdo con lo mencionado por Carrillo en días anteriores, con la aplicación inmediata de esta medida, además, “se puede evitar lesiones en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la capital atlanticense”.
Para el órgano de control existen indicios que permiten inferir que no se ha recibido por parte de Inassa la mencionada asesoría, por la que se ha pagado $221.752 millones.
Dicha cifra es la auditó el Ministerio Público, mientras que Triple A reconoce pagos por $94.761 millones.
Al solicitar la suspensión del contrato, la Procuraduría recordó a la Triple A que tiene a su cargo velar por los intereses de todos los accionistas –incluido el público que en este caso es el Distrito de Barranquilla– y los derechos de los usuarios de los servicios públicos.
ELHERALDO
