Una auditoría de la Contraloría General de la República, a la que tuvo acceso EL HERALDO, revela que la empresa usó esas ayudas para pagar deudas entre 2011 y 2017, cuando ya estaba intervenida.
Como lo había advertido la Contraloría, no solo durante 2015 y 2016 Electricaribe usó la plata de los subsidios de los usuarios más pobres para disminuir las pérdidas de la empresa sino que entre 2011 y 2017 esta compañía dejó de descontar en 48 millones de facturas en el Caribe la suma de $216.894 millones.
Ahora, el organismo de control se dio a la tarea de revisar más de 56 millones de facturas desde julio de 2011 hasta julio de 2017, periodo en el que encontró que en 48 millones se dio esta irregularidad. Esto afectó, sobre todo, al Atlántico y a Barranquilla, que dejaron de percibir las mayores sumas en los descuentos que no hizo Electricaribe: en el departamento $58.466 millones y en Barranquilla $30.308 millones.
Los otros departamentos de la Región Caribe más afectados fueron: Córdoba con $44.155 millones; Bolívar, $41.659 millones, y Magdalena, $21.317 millones. Por localidades: Cartagena, $19.046 millones; Lorica, $10.683 millones y Santa Marta, $8.203 millones.
Por número de facturas con anomalías, Barranquilla también encabeza el listado de las ciudades, con 5 millones 72 mil facturas; seguida de Cartagena, con 3 millones 425 mil y Santa Marta, con 1 millón 462 mil.
Lo que ocurrió durante estos seis años es que la empresa no aplicó en las facturas de los usuarios la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Foes a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.
El Foes quedó reglamentado en la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y que reza: “El Ministerio de Minas y Energía continuará administrando el Fondo de Energía Social, como un sistema especial de cuentas, con el objeto de cubrir, a partir del 2011 hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas rurales de menor desarrollo, zonas de difícil gestión, y barrios subnormales”.
Aquí, advierte la Contraloría en una auditoría de 49 páginas, fechada en diciembre de 2017, “de acuerdo con la normatividad citada en precedencia, los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, del área de influencia de Electricaribe S.A.E.S.P en la región Caribe colombiana, que cumplieron los requisitos para ser clasificados dentro de las zonas especiales establecidas por la ley (…) tenían derecho a recibir un subsidio de $46 por cada kilovatio/hora de su consumo, hasta el consumo de subsistencia”.
Por ello, concluye el contralor delegado de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, “se derivó un daño al patrimonio público, representado en el menoscabo de los recursos públicos generado por la indebida aplicación que de ellos hiciera Electricaribe S.A. ESP., (…) al no haber destinado los mismos a (…) subsidiar el consumo de energía de los más pobres, resultando en una desviación de estos recursos que finalmente se aplicaron para enjugar parte de las pérdidas que debe asumir la empresa (…)”.
Un ejemplo práctico de cómo la empresa les quitaba el subsidio a los usuarios y los cogía para su provecho es el caso de un usuario al que se le aplicaba un descuento por subsidio del Foes de solo $19.78, cuando el descuento que tenía derecho a recibir era de $1.978, que es la suma que arroja al hacer el múltiplo de su consumo de 43 kilovatios por hora por los 46 pesos que establece la ley. No obstante, los 1.958.22 de diferencia, Electricaribe los restaba en la factura al ítem de ‘aporte empresa’, concepto que reflejaba las pérdidas de la compañía. No a todos los usuarios afectados se les restaba la misma cantidad, dado que cada usuario reporta un consumo distinto.
ELHERALDO
