Nicolás Maduro volvió este jueves ante la Justicia estadounidense, esta vez para responder por acusaciones de torturas que un gran jurado federal ha incorporado a la causa penal abierta antes contra él y su esposa, Cilia Flores. El dictador venezolano compareció ante el … juez Alvin K. Hellerstein en un tribunal de Nueva York, con grilletes en los tobillos. Cuando llegó el momento de declararse culpable o inocente, evitó responder directamente. En su lugar, denunció que la nueva acusación contenía «acusaciones y testimonios falsos». Lo hizo dos veces, a través de un intérprete, hasta que el magistrado decidió registrar de oficio una declaración de inocencia.
Flores, que compareció junto a su marido, fue más escueta. «Soy completamente inocente. No soy culpable», declaró ante el tribunal. Ambos permanecen bajo custodia estadounidense desde el pasado 3 de enero, cuando una operación militar ordenada por Donald Trump permitió capturarlos en Caracas y trasladarlos a Nueva York para ser procesados por la Justicia federal.
La comparecencia de este jueves supone un nuevo capítulo en una causa que comenzó centrada en el narcotráfico y que ahora se extiende a las prácticas represivas del aparato de seguridad chavista. La acusación de un gran jurado, presentada la semana pasada, atribuye a Maduro y Flores la dirección de un sistema de torturas contra opositores y detenidos, entre ellos ciudadanos estadounidenses. Es un cambio sustancial en el alcance del procedimiento, porque lleva ante un tribunal de Estados Unidos delitos cometidos supuestamente en centros de detención venezolanos y durante buena parte de los trece años que Maduro permaneció en el poder.
Según el escrito de los fiscales, el sistema represivo empleaba palizas, asfixias y descargas eléctricas para castigar a los detenidos, obtener información o intimidar a quienes eran considerados opositores del régimen. La acusación no presenta a Maduro como un dirigente que simplemente conocía aquellos abusos sino que le atribuye una participación directa en determinadas decisiones, incluida la recomendación de métodos de tortura y la recepción de informes sobre el trato dispensado a víctimas concretas.
Los fiscales sostienen que Maduro llegó a amenazar con matar al hijo de un prisionero para quebrar psicológicamente al detenido. También atribuyen a Flores, antigua fiscal general de Venezuela, un papel activo en la construcción de aquel sistema represivo y en la orden de torturar a determinadas personas que quería perseguir. Se trata, en ambos casos, de imputaciones de la Fiscalía que deberán probarse durante el juicio y que los acusados rechazan.
La nueva acusación identifica entre las víctimas a tres ciudadanos estadounidenses. Hasta ahora, el proceso contra Maduro estaba asociado fundamentalmente a las acusaciones de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y a sus vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. La incorporación de las torturas abre otro frente judicial, relacionado con el funcionamiento interno del régimen y con las responsabilidades personales de quienes dirigieron sus organismos de seguridad.
La investigación abarca hechos que se remontan a 2013, cuando Maduro sucedió a Hugo Chávez tras su muerte. Durante aquellos años, las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos se acumularon ante organismos internacionales. La Corte Penal Internacional mantiene desde hace años una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Maduro siempre ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que las investigaciones forman parte de una campaña política contra su régimen.
El derecho internacional permite perseguir determinados delitos de esta naturaleza fuera del país donde se cometieron. Sin embargo, los procesos en Estados Unidos contra antiguos altos cargos extranjeros por torturas son poco frecuentes. Entre los precedentes figuran procedimientos contra el hijo del expresidente liberiano Charles Taylor, responsables rusos de crímenes cometidos en Ucrania y un antiguo funcionario penitenciario del régimen sirio de Bashar al Assad.
La defensa de Maduro mantiene que el procedimiento debería ser desestimado por razones de inmunidad, al considerar que Maduro y Flores gozaban de protección jurídica por su condición de presidente y primera dama de un Estado extranjero. Sin embargo su sucesora en el cargo, Delcy Rodríguez, que fue su vicepresidenta, no ha solicitado inmunidad para él.
Barry Pollack, abogado de Maduro, ya había adelantado la semana pasada que su cliente rechazaba los nuevos cargos y esperaba poder defenderse ante el tribunal. La comparecencia de este jueves confirmó esa posición, aunque el expresidente optó por cuestionar la veracidad de la acusación en lugar de limitarse a pronunciar una declaración formal de inocencia.
Durante la vista también se abordó el calendario del procedimiento. Los fiscales comunicaron al juez que ambas partes desean aplazar el comienzo del juicio, inicialmente previsto para el 1 de junio de 2027, hasta el 14 de junio. La petición refleja la complejidad de una causa que reúne ahora acusaciones de narcotráfico y torturas, con hechos que se extienden durante más de una década y cuya investigación depende, en parte, de testimonios sobre el funcionamiento de los servicios de seguridad venezolanos.
A las puertas del tribunal, manifestantes contrarios a Maduro volvieron a concentrarse para protestar contra el dictador.
