El Gobierno alemán lleva más de un año colaborando con el Gobierno talibán de Afganistán para poder así agilizar las deportaciones de afganos sin permiso de residencia en Alemania. Hasta el momento, la cifra oficial de deportados es de 250. Una de las … últimas exigencias de Kabul, para acceder a las deportaciones, era la presencia de su propio personal en sus oficinas de representación en Alemania y esta semana ha llegado la primera delegación, que permanecerá en el país al menos durante un mes.
Hasta ahora, se trataba prácticamente de una misión secreta. La información publicada por NDR, sobre tres talibanes que habían hecho una parada previa en Qatar, donde se les emitieron visados para Alemania válidos durante 30 días, y que llegaron finalmente a la embajada, en el distrito de Grunewald de Berlín, ha puesto en alerta a la comunidad afgana en Alemania, en buena parte formada por opositores.
Dos de estos funcionarios se han desplazado después a Bonn y Múnich, donde hay consulados generales afganos. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha confirmado su presencia, justificada con la necesidad de emitir lo antes posible documentos de identidad que reconozcan las autoridades talibanes. «Para crear rápidamente estos requisitos técnicos, un equipo de soporte técnico permanecerá brevemente en el país», ha comunicado el Auswärtigesamt.
Alemania mantiene la posición oficial de no reconocer al Emirato Islámico de Afganistán, pero permitir que funcionarios enviados por los talibanes trabajen en la embajada supone un reconocimiento de facto limitado que erosiona el principio de no reconocimiento y causa problemas de coherencia jurídica. Al deportar personas a un país gobernado por un régimen no reconocido y acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, Alemania se expone además a posibles litigios ante tribunales europeos y críticas de organismos de la ONU, que pueden interpretar la cooperación como una forma de legitimación indirecta.
Dos oficiales consulares talibanes entraron en Alemania el año pasado con una misión similar. Uno de ellos preside ahora de facto la embajada afgana en Berlín y el segundo el Consulado General de Afganistán en Bonn. Según el gobierno alemán, su tarea es garantizar los servicios consulares para los afganos en el extranjero y facilitar las deportaciones a Afganistán, tal y como se acordó en el acuerdo de coalición.
Los dos islamistas radicales llegaron a Alemania, sin embargo, con su propia agenda: expulsar a los diplomáticos afganos que trabajaban en Alemania y habían sido enviados por el gobierno anterior, además de garantizar que los altos ingresos de la embajada y de los dos consulados generales, generados mediante la emisión de pasaportes y certificados, lleguen a Afganistán eludiendo las sanciones financieras.
Denuncia de las ONG
Por decreto de 25 de abril de 2025, el líder supremo talibán Haibatullah Akhundzada ordenó a Sifat Rahimee, el cónsul general afgano en Múnich, hacer llegar a Kabul este dinero como «una de las principales tareas para el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán», que no es reconocido por ningún otro país del mundo salvo por Rusia. «Debido a sanciones bancarias y a la falta de interacción financiera con los países europeos, no es posible transferir los ingresos del consulado a la sede», afirmaba el documento con el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores y las firmas del ministro talibán Amir Khan Muttaki y su jefe de gabinete.
«El gobierno alemán ha abierto la puerta para que los talibanes entren en las misiones afganas en el extranjero y esto pone en peligro a los afganos aquí, porque quedan expuestos al régimen en lo que respecta a los pasaportes y las direcciones», advierte PRO ASYL, una de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas refugiadas más importantes de Alemania.
«Para muchos migrantes afganos, esta presencia supone una amenaza seria. (…) La presencia de representantes de una organización terrorista (…) es profundamente inquietante. Causa miedo, frustración y una grave amenaza para la libertad de expresión y la participación de la sociedad civil de los migrantes afganos. (…) También me da miedo la información que están recopilando sobre el pueblo [afgano] en Alemania», señala un afgano refugiado en Alemania.
Conversaciones a «nivel técnico»
La presencia en Alemania de funcionarios talibanes fue acordada en una reunión confidencial de varios días entre el gobierno talibán y altos representantes del Ministerio Federal del Interior alemán celebrada en junio, en un hotel de Estambul. El Ministerio de Interior alemán confirmó conversaciones «a nivel técnico». A cambio, el Gobierno alemán obtuvo garantías para llevar a cabo tres vuelos mensuales de deportaciones, un ritmo que a fecha de hoy no se ha alcanzado.
En coincidencia con la llegada de los funcionarios talibanes, Afganistán ha vuelto a aceptar repatriaciones y hoy mismo (martes) ha despegado un nuevo avión con otros 22 hombres obligados a abandonar el país. Según el Ministerio de Interior alemán, eran sin excepción delincuentes procedentes de doce de los Bundesländer, acusados de delitos de asesinato, robo e incendio agravado, pero desde finales de julio las repatriaciones no se limitan exclusivamente a delincuentes y criminales o personas que «pongan en peligro la seguridad del Estado», según ha reconocido el ministro Alexander Dobrindt, sino que afectan también a afganos que por otras razones han perdido el derecho de residencia en Alemania.
Se calcula que al menos cien criminales afganos dispuestos para ser deportados siguen actualmente en detención, a la espera de ser incluidos en uno de estos vuelos, que constituyen la prioridad del gobierno alemán. El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, ha prometido que las deportaciones se llevarán a cabo «de forma regular y fiable» y los talibanes vinculan su cooperación a la demanda de poder enviar a más de sus propios diplomáticos a Alemania, supuestamente para identificar inequívocamente a los criminales como ciudadanos afganos antes de la deportación y entregarles documentos de viaje.
Una pregunta parlamentaria respondida en el Bundestag a finales de 2025 cifraba en unos 13.000 afganos sin derecho ya de residencia y que continúan por diversos motivos en Alemania, de los cuales unos 10.000 han obtenido una suspensión temporal de la deportación.
