La causa penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos está a punto de ampliarse. La Fiscalía lleva semanas preparando nuevos cargos contra ambos por las torturas sufridas por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela y estudia imputar también a otros antiguos jerarcas … chavistas por su participación en esos abusos, según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por ABC.
La nueva imputación, que se prepara en secreto desde hace tiempo, podría hacerse pública esta misma semana, según esas fuentes, aunque algunos de los nombres de los investigados permanecen todavía bajo secreto de sumario. El movimiento reforzaría considerablemente el caso que Maduro y Flores afrontan ya ante la justicia federal estadounidense, hasta ahora centrado principalmente en narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas en otra macrocausa.
La investigación sobre las torturas lleva tiempo avanzando de forma paralela. Los fiscales han interrogado a ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela y posteriormente fueron liberados, y que ahora están cooperando con las autoridades para reconstruir las cadenas de responsabilidad dentro del aparato venezolano. Los investigadores han examinado los casos de más de una docena de estadounidenses que Washington consideró detenidos injustamente durante los años de Maduro.
Las pesquisas no se limitan al expresidente y su esposa. Los investigadores han analizado la posibilidad de presentar cargos contra varias personas adicionales por su presunta participación en las torturas, según fuentes familiarizadas con el caso. El objetivo es determinar no sólo quién ejecutó directamente los abusos, sino las responsabilidades que puedan establecerse a partir de los testimonios y demás pruebas reunidas por los fiscales.
Entre los estadounidenses que han denunciado públicamente torturas se encuentran Matthew Heath, veterano de los Marines, y Osman Khan, liberados en un intercambio de presos en octubre de 2022. Ambos sostuvieron posteriormente que durante su cautiverio fueron sometidos a métodos como descargas eléctricas, ahogamiento simulado, amenazas de agresión sexual y aislamiento. Heath llegó a intentar suicidarse durante su detención.
También están los llamados «Citgo 6», seis ejecutivos petroleros estadounidenses detenidos en Venezuela en 2017 y encarcelados durante casi cinco años. Varios de ellos denunciaron haber sido torturados. Algunos de estos presos pasaron por instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo al que investigaciones internacionales han atribuido durante años prácticas de tortura contra detenidos. Informes del Departamento de Estado también recogieron denuncias creíbles de torturas y malos tratos sistemáticos por parte de fuerzas de seguridad vinculadas al régimen de Maduro.
Maduro y Flores permanecen encarcelados en Nueva York desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que ya afrontan. Reuters y CNN también confirmaron este miércoles que un funcionario estadounidense informado de la investigación espera nuevos cargos relacionados con las torturas y añadieron que estos podrían anunciarse este jueves. La Fiscalía federal de Manhattan declinó hacer comentarios.
La ampliación de la causa coincide además con una cita judicial importante para Flores. Este jueves debe comparecer ante el juez Alvin Hellerstein para solicitar su traslado a arresto domiciliario por motivos de salud, petición a la que se opone la Fiscalía, que sostiene que existe un riesgo «extremo» de fuga.
Existe además un precedente especialmente significativo en Florida. Tres estadounidenses (Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval) demandaron a Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos cargos después de haber sido encarcelados en Venezuela y denunciar torturas físicas y psicológicas. Fueron liberados en 2023 dentro del acuerdo negociado por la Administración Biden que permitió regresar a Venezuela a Alex Saab.
En julio, el juez federal Darrin Gayles, del Distrito Sur de Florida, condenó solidariamente a Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Maikel Moreno, Néstor Reverol y Alex Saab, además del denominado Cartel de los Soles, a pagar 314 millones de dólares a las tres víctimas. La sentencia incluyó daños por secuestro y tortura bajo la legislación antiterrorista estadounidense.
Delcy Rodríguez, sin embargo, quedó fuera de aquella sentencia. Sus abogados habían reclamado inmunidad como jefa de Estado y el propio Gobierno venezolano pidió formalmente a Washington que se la reconociera. La Administración Trump respaldó esa posición: después de reconocer a Rodríguez como jefa de Estado, el Departamento de Justicia comunicó al tribunal que gozaba de inmunidad frente a aquella demanda civil.
Ese episodio ha adquirido ahora una relevancia adicional. La Fiscalía de Nueva York acaba de utilizarlo precisamente para argumentar que Maduro y Flores no pueden reclamar una protección equivalente: Caracas sí realizó gestiones formales para obtener inmunidad para Rodríguez en el caso de Florida, mientras que, según los fiscales, no hizo lo mismo por Maduro. «Venezuela ha guardado silencio aquí», sostuvo recientemente la acusación federal al oponerse a las pretensiones de inmunidad del antiguo mandatario.
