El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte en su informe de 2026 sobre trata de personas de dos problemas en Ceuta: faltan medios para detectar a las víctimas y servicios especializados para atenderlas. El documento, que analiza principalmente lo ocurrido en 2025 y … no recoge aun los hechos ocurridos este pasado bverano, mantiene a España en la máxima categoría por sus esfuerzos contra la trata, pero señala fallos considerables sobre todo en Ceuta que pueden dejar sin ayuda a personas explotadas.
Pero ya desde ahce mesea queda claro que la diplomacia norteamericana observa una carencia en la respuesta del Gobierno. Sostiene que no abordó adecuadamente las vulnerabilidades frente a la trata relacionadas con la presión migratoria y que esa insuficiencia agrava los riesgos tanto para migrantes como para ciudadanos del país. El reproche se refiere a la capacidad de prevención y protección; el documento no equipara la inmigración irregular necesariamente con la trata.
«El Gobierno no abordó adecuadamente las vulnerabilidades frente a la trata de personas relacionadas con la crisis migratoria masiva, lo que agravó las amenazas de trata para los ciudadanos del país y los migrantes», dice. «El Defensor del Pueblo informó de que, debido al elevado número de migrantes en situación irregular que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, la policía no disponía de capacidad suficiente para identificar a todas las víctimas de trata», añade.
La advertencia sobre la identificación se apoya en el Defensor del Pueblo. Según recoge el informe, el elevado número de llegadas irregulares a Canarias, Ceuta y Melilla desborda la capacidad policial disponible para identificar a todas las víctimas de trata, sin los recursos necesrios. En otro apartado, dedicado a la atención que reciben, el Departamento de Estado sitúa a Ceuta, Melilla y La Rioja entre los territorios que no disponen de servicios específicos para estas personas.
El documento no ofrece un desglose de víctimas en Ceuta ni permite determinar cuántas han quedado sin identificar o qué asistencia general han recibido. Sí señala una brecha concreta, que en uno de los puntos de entrada a España, las dificultades para reconocer la explotación coinciden con la falta de atención especializada.
La distinción importa porque una persona puede llegar mediante una red de tráfico de inmigrantes y acabar después sometida a una red de trata. El informe recoge la advertencia del Defensor del Pueblo de que algunas mujeres que entran irregularmente no son detectadas como posibles víctimas. Cita también al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, para explicar que los tratantes suelen imponer su control cuando las mujeres ya están dentro del país y que estas pueden terminar sometidas a explotación sexual.
Reticencias policiales ante redes
Una de sus observaciones más llamativas afecta a la persecución de las redes. Tras recoger una advertencia del CITCO sobre la llegada de víctimas mediante organizaciones de tráfico de migrantes, el informe atribuye a la Fiscalía haber detectado reticencias entre agentes a perseguir a responsables del tráfico de migrantes o de trata en esos casos. No concreta qué unidades estarían afectadas, en qué territorios se habría observado esa conducta ni cuáles serían sus motivos. Tampoco permite el texto atribuirla específicamente a la policía de Ceuta.
La falta de identificación tiene consecuencias que van más allá de perder el acceso a una plaza de acogida. Según el informe, España no adoptó medidas eficaces para evitar que posibles víctimas fueran penalizadas indebidamente por ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación. El documento recoge que quienes no hablan con las fuerzas de seguridad y no obtienen reconocimiento formal pueden quedar expuestos después a procedimientos penales.
Es uno de los aspectos más graves del diagnóstico de este informe: una persona obligada a delinquir puede llegar ante las autoridades sin ser reconocida como víctima. El informe describe, entre las modalidades de explotación presentes en España, el trabajo forzoso en plantaciones de cannabis y la vulnerabilidad de menores migrantes no acompañados ante la explotación sexual y la mendicidad forzada. No ofrece ejemplos individualizados en Ceuta, pero esas modalidades muestran la importancia de distinguir entre la conducta impuesta por una red y la responsabilidad de quien la controla.
El sistema de reconocimiento constituye otro de los puntos cuestionados. Las fuerzas de seguridad siguen siendo la única instancia facultada para identificar formalmente a las víctimas de trata. Aunque el Gobierno sostiene que ese reconocimiento no depende de colaborar en un procedimiento penal, exige una entrevista policial para acceder a determinados beneficios. El imforme en cuestión reconoce una vía administrativa adicional de acreditación para víctimas de trata sexual, a través de servicios sociales y ONG autorizadas, pero considera que persisten barreras para acceder a la asistencia.
Las cifras nacionales reflejan una mejora de la detección, pero también un retroceso en las acusaciones y las condenas. En 2025, las autoridades identificaron formalmente a 858 víctimas, frente a las 505 del año anterior. De ellas, 484 habían sufrido trabajos forzosos y 374 explotación sexual. Entre las personas identificadas había once menores.
La policía detuvo a 563 sospechosos, frente a 407 en 2024. Sin embargo, el número de personas contra las que se ejerció la acusación descendió de 110 a 74 y los condenados bajaron de 59 a 44. Son cifras de procedimientos que pueden corresponder a periodos distintos y no permiten establecer una tasa de condena sobre las detenciones de ese año. El propio informe destaca, no obstante, el descenso de la actividad acusatoria y de las condenas. Todos esos datos vienen del Gobierno español, recogidos por la misión diplomática en España.
La explotación laboral presenta un desequilibrio especialmente visible. Las ONG financiadas por el Gobierno declararon haber atendido a 10.253 posibles víctimas, de las cuales solo once correspondían a trabajos forzosos. Esa cifra no puede compararse directamente con las 484 víctimas de explotación laboral identificadas por la policía, porque son registros diferentes.
El informe también cuestiona la continuidad de la planificación gubernamental, que es desigual a tenor de los datos recogidos. El plan general contra la trata había expirado en 2023 y, al cierre del periodo examinado, no había comenzado la elaboración de su sucesor. La evaluación del anterior se completó en 2025, pero todavía no se había publicado. El plan contra el trabajo forzoso venció en 2024, aunque el Ministerio de Trabajo había empezado a preparar el siguiente.
Estas críticas conviven con una valoración general favorable. España permanece en el nivel 1 porque, según el informe publicado en Washington, cumple plenamente los estándares mínimos para combatir la trata y mantiene esfuerzos serios y sostenidos. El informe reconoce el aumento de investigaciones, la mayor identificación de víctimas y la mejora de las penas: 43 de los 44 condenados recibieron más de un año de prisión.
