La aprobación en Francia de una controvertida ley migratoria, respaldada por el presidente Emmanuel Macron y el apoyo del partido Agrupación Nacional ha provocado una importante brecha dentro del Gobierno, el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ha presentado su carta de dimisión por la medida.
Tras 18 meses de negociaciones en torno al proyecto de ley, la Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento) sacó adelante el texto a última hora del martes con 349 votos a favor y 186 en contra. Las formaciones Los Republicanos (LR, derecha) y Agrupación Nacional (RN, ultraderecha) secundaron el texto. El Senado lo había votado previamente.
La votación sumió a la mayoría presidencial (compuesta por varias formaciones, a parte del partido Renaissance del presidente Macron) en una crisis, pues 59 de sus 251 diputados no votaron a favor del texto: 27 decidieron hacerlo en contra y 32 se abstuvieron.
Un elemento clave de la ley es que las subvenciones sociales para extranjeros no comunitarios (es decir que no son ciudadanos de la Unión Europea) estarán condicionadas a partir de ahora a una presencia mínima de cinco años en el territorio, o de 30 meses en el caso de que la persona tenga trabajo.
Además, también se podrán acordar cuotas migratorias y se incluyen medidas para que los condenados por homicidio con doble nacionalidad puedan ser despojados de la ciudadanía francesa.
Como Rousseau, varios ministros reacios al proyecto de ley, como Clément Beaune (Transportes) o Sylvie Retailleau (Educación superior), fueron recibidos el martes por la noche por la primera ministra Élisabeth Borne, según varias fuentes gubernamentales.
En una entrevista el miércoles con la radio France Inter, Élisabeth Borne negó que haya una «crisis en la mayoría» presidencial y declaró que tiene la «sensación de haber cumplido» con su deber sacando adelante una ley «que respeta nuestros valores».
Ayudas no contributivas
Aún así, admitió que el texto, muy criticado por la izquierda y por oenegés, incluye algunas medidas que podrían ser anticonstitucionales y consideró que la ley probablemente «evolucionará» tras ser examinada por el Consejo Constitucional. Según ella, con esta ley, el gobierno busca «alejar lo más rápida y eficazmente a quienes no tienen derecho de estar en Francia e integrar mejor a quienes elijamos acoger» en el territorio.
Este miércoles por la noche, Macron pronunciará un discurso televisado, anunció France Télévisions en un comunicado. La condición de que los extranjeros no comunitarios que se encuentren en situación irregular deban permanecer un periodo mínimo en el territorio para acceder a las prestaciones sociales supuso un destacado escollo durante las negociaciones.
La derecha reclamaba un plazo de cinco años para que esas personas pudieran acceder a ayudas «no contributivas», pero al final se decidió distinguir entre los extranjeros que trabajen y los que no. Así, los extranjeros de fuera de la UE que deseen acceder a las ayudas al alquiler, deberán haber residido en Francia al menos cinco años si no trabajan. Si lo hacen, con una presencia de tres meses bastará.
Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes extranjeros. La versión aprobada el martes por la noche es más restrictiva que el proyecto de ley inicial, aunque contempla la posibilidad de que un trabajador irregular pueda pedir el permiso de residencia sin el aval de su empleador.
