Si bien Nicolás Maduro había transitado hasta ahora a lo que parecía una toma de posesión sin mayores contratiempos, la estrategia opositora de insistir en que Edmundo González Urrutia estará presente en Venezuela y su llamado a las Fuerzas Armadas a respetar la voluntad popular, así como la convocatoria de María Corina Machado a salir a las calles este 9 de enero han motivado al Gobierno a afinar la intimidación y la estrategia del terror.
El Gobierno ha reemplazado la falta de evidencias de su triunfo el 28 de julio y el escaso apoyo popular con una estrategia que pretende infringir miedo a la población general y a la dirigencia opositora con represión selectiva; presencia militar y policial en la calles, terrorismo psicológico en redes sociales y, por otra parte, acciones que buscan aplacar las dudas que pudieran existir dentro de los componentes militares.
No siempre las acciones tienen la intensidad que pareciera. Las imágenes y videos que ha publicado el régimen con militares en las calles dan la impresión de una militarización que no se ve en las ciudades. Pero la propaganda ha logrado el objetivo y para ello se ha valido de la viralización en redes sociales. El resultado es que el temor dentro de Venezuela es real.
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Estas acciones del chavismo permiten entender la estrategia oficial para sembrar miedo en la ciudadanía:
El fantasma del Tun-tun
Está demasiado fresco lo ocurrido después de las elecciones presidenciales como para que la herida de la represión postelectoral haya podido cicatrizar en el recuerdo de la gente. Y los cuerpos de represión lo saben. Es por eso que en los últimos días desde los cuerpos de Seguridad se ha intensificado una campaña en redes sociales que busca revivir ese recuerdo. El contenido que ha subido el coronel Alexander Granko a su perfil de Instagram incluye un video con la imagen de una celda que pudiera ser de la cárcel de Tocorón o Tocuyito y un mensaje amenazante: “no quiero lloradera”.
Militares en la calle
La presencia militar en las calles también es otro factor de intimidación. Con acciones de bajo costo y alto impacto, el Gobierno ha generado la impresión que todo el país está militarizado. La noche del sábado 4 de enero se hizo viral el operativo llevado a cabo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que revisaban cada vehículo en Tazón, sentido Caracas sin ninguna justificación. Ese mismo día, en la autopista Caracas – La Guaira, otros efectivos con pasamontañas se mostraban a la vista de todos. En pocas horas los comentarios en redes sociales sobre el aumento de presencia policial y militar en Caracas y otras ciudades del país comenzaron a incrementarse y los reportes de presencia de alcabalas, ya sea que fuesen habituales o no, inundaron las redes.
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Armas para los colectivos
La alcaldesa del municipio Libertador Carmen Meléndez le indicó a las “fuerzas revolucionarias” a “cuidar” las vías de ingreso de Caracas, Miranda y Vargas el 9 y 10 de enero. Cabello le pidió a los colectivos a estar «mosca» ante posibles acciones de violencia que se presenten en los próximos días en el marco de la toma de posesión presidencial y el Gobierno mostró en redes a miembros de la ‘Milicia Bolivariana’, un componente civil de la Fuerza Armada, recibiendo presunto armamento bélico para defender a Nicolás Maduro. Con la divulgación de estas fotos, el Gobierno logró el objetivo de intimidar.
Antes de que la candelita se prenda
La articulación de las acciones opositoras no solamente deben vencer el miedo ciudadano sino la capacidad de accionar del liderazgo opositor. Solo desde el 7 de enero se ha registrado la detención de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, y del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa; Marianela Ojeda, coordinadora de Activismo Municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito, estado Trujillo; Francisco Graterol, Secretario Político Municipal de Vente Venezuela en el mismo municipio; Alejandro Briceño, hijo de un conocido dirigente de Acción Democrática en Trujillo; Dario Durán, comerciante y activista en la campaña presidencial de Edmundo González; Robert Rea, activista, también en Pampanito; Jeremy Santamaría, concejal opositor del estado Bolívar, y Enrique Márquez, excandidato presidencial.
Hasta el 1° de enero, la organización no gubernamental Foro Penal informó que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 «presos políticos», la mayoría detenidos en el contexto de protestas poselectorales contra el resultado oficial que dio el triunfo a Nicolás Maduro.
Con información de alianza de medios Conecta.
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