La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas graves cuando, en 2023, revocó el proceso de licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.
Esta decisión representa uno de los más duros golpes al presidente Gustavo Petro, pues Leyva no solo era uno de sus colaboradores más cercanos y experimentados en política exterior, sino que, además, es el primer exfuncionario de su Gobierno en recibir una sanción de tal magnitud. La medida genera un precedente en la administración Petro, subrayando los desafíos y tensiones que enfrenta en el ámbito de transparencia y gestión pública.
El fallo del ministerio público se dio en el juicio disciplinario que desde el pasado enero le fue abierto a Leyva Durán por las irregularidades al parecer cometidas cuando decidió, pese a las advertencias y observaciones, declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons, para la expedición de los documentos. Una decisión que desató una polémica en el país y traumatizó la operación para la expedición de los documentos y que, además, dejó al descubierto las improvisaciones del Gobierno Petro en planes de transición contractual.
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