Indiscutiblemente el problema de la pobreza existente en Colombia, es de vastas proporciones y, lo que es peor, tiende a agravarse en perjuicio de las inmensas mayorías populares; mal haríamos en desconocer este hecho.
Las cifras hablan por sí solas, según los datos más recientes del Dane, 26 millones de colombianos son pobres, es decir, más de la mitad de la población.
Por lo tanto se hace necesario cambiar la estrategia, eso está claro, pero ese es el gran dilema.
Según concepto de los expertos, es indispensable un alto crecimiento económico, para reducir las elevadas tasas de desempleo que son precisamente la causa fundamental de la pobreza en Colombia –lo demás es populismo–; sin embargo, para alcanzar ese crecimiento, se requiere consolidar la paz y establecer bases macroeconómicas fijas.
La anhelada pacificación del país con toda seguridad, se traducirá en confianza, más inversión social y crecimiento, actualmente insuficientes, para que dichos fenómenos tengan la mejoría que los colombianos deseamos.
No obstante, podemos decir que vamos por el camino correcto, dentro de la llamada reactivación económica y social, pero no se puede negar que en ese sentido falta mucho camino por recorrer, también hay que reconocer que existen muchos riesgos de retroceder, sencillamente porque con más impuestos, como siempre lo propone el Banco Mundial, surtiría esta fórmula, pero si ya estuviéramos en paz y en plena bonanza económica. No en las circunstancias actuales, cuando la inseguridad campea y porque siempre está presente una reforma tributaria todos los años, como la próxima a tramitarse en el Congreso, como única salida. Otro impuesto más en los actuales momentos, nos parece inconveniente, sobre todo cuando todavía la reactivación del campo es incipiente, con bajas tasas de crecimiento.
Por tanto, creemos que el remedio tributario más bien agravaría al paciente, y significaría aumento de los males que intentamos combatir.
Otra cosa sería cuando cambien las circunstancias descritas, no por ahora. Y el anhelado proceso de incremento en los ingresos fiscales, fruto de la futura estabilidad económica y política, deberá hacerse en forma gradual y progresiva, con la debida prudencia, no a las carreras.
Que se eliminen muchas exenciones, que es urgente eliminar los regímenes especiales en pensiones, como se planteará en la proyectada reforma pensional, no se discute; que se facilite el mayor acceso de los más pobres a la educación –sobre todo universitaria–, es indispensable, en nombre de la equidad que tanto invocan organismos gubernamentales.
Y que en la presente administración haya en lo posible elevados niveles de gasto social, dándole la máxima prioridad que por desgracia suele desconocerse, es una sana recomendación reclamar eficiencia en dicho gasto.
Más impuestos en la actualidad lo consideramos inoportuno, posiblemente en el futuro sí, siempre y cuando se consolide una paz estable y duradera.
No por ahora.
