Este 15 de noviembre se cumple un año de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a Electricaribe, proceso que según Javier Lastra Fuscaldo, Agente Interventor de la empresa de energía, evitó un “apagón” general.
Una de las decisiones trascendentales sobre este proceso se divulgará en los próximos días, cuando la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) entidad seleccionada para coordinar la estructuración de la solución entregue el 23 de noviembre las conclusiones del estudio y las propuestas que permitirán “iniciar el camino hacia la mejora eléctrica”.
En medio de las opiniones encontradas de distintas autoridades nacionales y territoriales en el sentido de cuál es la mejor opción, uno o más operadores, o si la mejor alternativa es devolverle la empresa a su dueño mayoritario Gas Natural Fenosa, para que sean ellos los que hagan las inversiones, lo cierto es que Electricaribe sigue intervenida y prestando el servicio, que si bien presenta fallas e interrupciones, ha logrado mantenerse.
Pero realmente ¿cuál sería la situación de Electricaribe si no la hubiesen intervenido el 15 de noviembre de 2016? Según Lastra, Inicialmente se hubieran hecho efectivos los procesos de limitación de suministro en contra de la distribuidora de energía en la Costa.
Los estados financieros de la compañía venían en un franco deterioro y las deudas con los bancos aumentaban de forma vertiginosa. La situación era insostenible y los pasivos superaban los $2,4 billones.
Ante el incumplimiento de las obligaciones en los pagos por suministro de energía por parte de Electricaribe a las diferentes generadoras, el racionamiento del servicio se hubiera iniciado con lapsos de alrededor de las 3 y 4 horas diarias.
Esto implica que ciudades capitales, poblaciones intermedias y las zonas rurales, hubieran sido impactadas con los cortes, los cuales irían en ascenso en la medida del aumento de la deuda. Clientes del estrato 1 al 6, comerciales y hasta industriales, hubiesen tenido interrupciones en el suministro de energía, afectando colegios, universidades, supermercados y toda actividad que necesitara electricidad.
Lastra asegura que la intervención de Electricaribe no solo “evitó el apagón general”, sino la suspensión de los pagos a los acreedores, entre ellos los bancos, con los cuales se tienen deudas por valor de $1.8 billones.
“Pagar intereses bancarios por 170.000 millones durante 2017 le habría impedido a la compañía realizar las inversiones a la red e infraestructura, lo que le afectaría aún más los ya deteriorados indicadores de calidad”, indica Lastra.
Robo de energía
Para el caso de las pérdidas o robo de energía, Lastra dice que venían en aumento antes de la intervención. “Los estimativos indican que sin la intervención por parte del Gobierno se habrían incrementado en más de un punto, lo que representa unos $40.000 millones menos y el recaudo habría caído en 1,8 puntos porcentuales que significarían casi $70.000 millones menos al año”, detalla.
En consecuencia, Electricaribe con una caja deteriorada, obligaciones bancarias, deudas con proveedores, entre ellas con generadores de energía, enfrentaba “apagón inminente” y prácticamente una parálisis operativa al no tener recursos para pagarles a empleados y contratistas, según Lastra.
Es decir, asegura, se hubiera dado “un duro golpe al corazón operativo de la compañía” porque no solo se quedaría sin recursos para comprar energía, sino que no hubiera podido sacar adelante la operación de la empresa como la facturación, recaudo, atención al cliente y mantenimiento de su infraestructura eléctrica.
El reto
Ante esta situación, el mayor reto al inicio de la intervención fue resolver los procesos de limitación de suministro por parte de las generadoras.
“Eran 25 procesos en marcha que provocarían un apagón. Con la Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Minas y Energía, y altos funcionarios del Gobierno nacional trabajamos sin descanso y logramos garantizar el suministro de energía”, afirma Lastra.
Agrega que si bien es cierto se convino con las generadoras formas de pago para la compra de energía, el próximo paso era garantizar la energía de manera permanente para la compañía, lo que se ha logrado según Lastra.
Paralelamente se hizo un proceso de socialización con los trabajadores de Electricaribe sobre la intervención, ante el temor que existía de la salida de funcionarios por la llegada de la nueva administración.
En ese sentido recuerda que se constituyeron unas mesas de diálogo con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. “Los trabajadores que en su gran mayoría tienen más de 15 años de experiencia dentro de la empresa mantienen su compromiso a pesar de la golpeada imagen de la compañía”, sostuvo Lastra.
El agente interventor asegura que, a la fecha, la empresa ha venido honrando sus obligaciones, pagando salarios, prestaciones sociales y obviamente los beneficios que tienen los trabajadores. Igual pasa con las organizaciones de pensionados, con las cuales dice que mantiene un contacto permanente sobre la situación de la compañía.
De acuerdo con Lastra, entre los principales retos está lograr más recursos para invertir en la mejora del servicio y por eso se trabaja en una estrategia para que algunas obras sean ejecutadas por terceros. De igual manera con Findeter esperan estructurar un crédito por $120.000 millones para obras en la red de distribución eléctrica.
“El trabajo es constante y sin duda el respaldo del Superintendente de Servicios Públicos ha sido fundamental en esta difícil tarea. Igualmente el acompañamiento del gobierno nacional con el giro de subsidios ha permitido aliviar dificultades de caja para asumir las obligaciones de la empresa”, señala Lastra.
Finalmente hace énfasis en que la mejora eléctrica solo será posible con el compromiso de todos los actores, como gobierno, empresa y clientes.
El ingeniero eléctrico Carlos Diago, especialista en servicios públicos, asegura que la intervención fue “absolutamente necesaria”.
Detalla que el sector eléctrico está construido sobre la base de muchos agentes que desempeñan diversas actividades: generación, transmisión, distribución, comercialización y todos ellos son interdependientes entre sí.
“Para que el sector funcione armónicamente se requieren que se cumplan los compromisos que cada quien asume, por ejemplo, el generador asume compromisos de entregar energía; el transmisor de mantener las líneas y subestaciones funcionando; al proveedor le corresponde llevarle energía a los usuarios, la parte final de la cadena, y por lo tanto tienen que tener los sistemas de distribución en buenas condiciones. Y los comercializadores, que son quienes entregan la energía a los usuarios, deben hacer su tarea de recaudo”, dijo Diago al detallar que como ese recaudo incluye todos los componentes de la cadena, el comercializador debe tomar para sí lo que le corresponde y entregarle al mercado mayorista lo correspondiente a la energía que adquiere.
Explica que cuando un comercializador entra en una situación de no pagos, el sistema prevé una condición que se llama “limitación de suministro”, que es un racionamiento masivo en proporción al incumplimiento.
El ingeniero explicó que una situación de mora en los pagos al mercado de energía mayorista y al administrador del sistema, en este caso comerciales, es una condición de “muy alto riesgo” que obliga sin lugar a dudas a una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. De forma repetida se venían presentando en el caso de Electricaribe estos incumplimientos. “Repetidamente mes tras mes era la misma historia, la amenaza de la limitación de suministro. La empresa argumentó problemas con el pago de subsidios, que las entidades oficiales no cancelaban y problemas con el recaudo de los sectores subnormales y los estratos bajos, que ellos se habían endeudado, pero que ya habían llegado a un límite”.
Ante esa circunstancia, explica Diago, no quedó otra opción de parte de la Super que intervenir la empresa el 15 de noviembre de 2016. Considera que transcurrido un año la situación se ha paliado, en el sentido de que la situación causante de la intervención está de alguna manera controlada. A Diago le preocupa la demanda a Colombia presentada por Gas Natural Fenosa, porque ellos consideran que se les ha hecho una especie de expropiación.
“La empresa sigue funcionando en condiciones precarias, puesto que no hay recursos para hacer inversiones. Estas inversiones las tendrá que hacer el nuevo operador”, dijo Diago.
El presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía, Asocodis, José Camilo Manzur, enfatiza que la solución que requiere la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe debe ser “estructural, integral y armónica”.
Sostiene que tal como lo manifestó en el foro convocado por EL HERALDO donde se trataron aspectos relacionados con la prestación del servicio en la Costa se debe buscar la solución en todos los aspectos que contribuyan a mejorar la calidad, disminuir las pérdidas y mejorar de manera significativa el servicio de energía en la Región Caribe.
“La Costa lleva muchos años en esta situación, por ello me mantengo en mi posición en el sentido, que el mercado de la Región requiere una solución estructural e integral”, dijo.
En opinión de Manzur, el problema tiene varias dimensiones y lo que hay que atacar son los problemas estructurales”. El dirigente gremial considera que urge también una solución estructural en el tema de subsidios.
Para el 2018, el costo total de los subsidios para energía eléctrica para usuarios atendidos por las empresas afiliadas en Asocodis se acerca a $3,1 billones y las contribuciones a $1,3 billones, con lo cual se llega a un déficit aproximado de $1,8 billones, que debe ser cubierto por el Presupuesto General de la Nación.
“A octubre de 2017 le deben a las empresas cerca de $600.000 millones. Y el déficit a final de 2017 será cercano a esa cifra”, afirma Manzur.
Señala que se estima que a febrero de 2018 la deuda sea cercana a los $900 mil millones, de esa suma el 43% le corresponde a Electricaribe. Dice que si bien se realizó un esfuerzo en el presupuesto general de la Nación de 2018, el déficit acumulado a diciembre del próximo año será cercano también a los $600 mil millones. “Estos recursos afectan sin duda la operación normal de Electricaribe”, advierte.
Hamilton Barreto, presidente en Atlántico del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), considera que Electricaribe estaba enferma y había que atenderla. “Entró grave y sigue en cuidados intensivos porque se ha estabilizado, pero se requieren inversiones”, afirma.
En opinión del dirigente sindical, si el Estado no se apersona de esta situación Electricaribe moriría.
Barreto dice que el riesgo no ha pasado porque la situación está difícil. “Apenas lo que el gobierno ha dado son unas pinceladas buscando a una entidad como la Financiera de Desarro Nacional (FND) que se encargará de hacer un diagnóstico. Cree que ya la entidad está diagnosticada y lo que se requiere es la solución. “No se vislumbra nada acerca de cuál sería la solución”.
Sintraelecol considera que el Gobierno nacional fracasó con la intervención de las empresas de servicios públicos en la Costa, porque no es lo mismo intervenir una empresa del interior del país con una de la Costa por diferentes razones: el mantenimiento en la Costa es más costoso, el sistema climatológico hace que la gente consuma más energía, no tenemos generación propia, entre otras.
El dirigente de la organización sindical advirtió que el resultado de haber intervenido Electricaribe va a terminar en algo muy concreto: aumento de tarifas, desaparición de subsidios y en un conflicto superior, porque efectivamente la plata de algún lado la van a sacar y vemos que la sacarán de los subsidios. “Se regularán los subsidios en los estratos 1 y 2, y desaparecerán los subsidios en el estrato 3. Ese es el costo que el pueblo de la Costa va a pagar por haber privatizado el servicio de energía de la Costa, por culpa del Gobierno nacional”.
ELHERALDO
