En medio de la problemática por la que atraviesa el sector salud en el país, se destacan casos muy particulares en cada ciudad con sus hospitales, fuera de lo que acontece para los usuarios con la no prestación eficiente de los servicios que necesitan, y claro sin contar la desfinanciación en que se encuentra el sistema, por diversas causas.
No es esto un acontecimiento esporádico, sino repetitivo que ante la falta de adopción de medidas efectivas por parte del Estado ha venido agudizándose provocando la crisis en que se halla actualmente. Hospitales y clínicas a punto de cierre, en graves situaciones financieras por el no pago de recursos a que tienen derecho o el no giro de transferencias, y también por supuesto, la alta carga burocrática que deben cargar a sus presupuestos, lo que no les permite hacer viable su objetivo social.
Basta observar cuántos hospitales públicos en el país han sido liquidados o intervenidos por parte del Ministerio de la Salud y al cabo de uno años vuelven a caer en la misma situación de emergencia y de allí a cuidados intensivos, esperando otra vez el oxígeno económico para brindar nuevamente los servicios a la población más vulnerable. Sin duda, un hecho cíclico que enmarca la politiquería, el clientelismo y la corrupción al más alto estilo colombiano.
Un poco de cada aspecto referenciado es lo que ha venido aconteciendo con el Hospital Cari E.S.E de Alta Complejidad, el cual en estos momentos ha despertado un debate que apunta a su liquidación o la inclusión en un acuerdo de reestructuración de pasivos o Ley 550, como lo solicitó hace meses la Gobernación del Atlántico, que cree en su salvación mediante un plan que está dispuesto a defender y hacer cumplir.
En medio de esa solicitud del mandatario departamental, Eduardo Verano, se resaltó la necesidad de que al Hospital Cari le sean cancelados los dineros que le adeudan las Empresas Promotoras de Salud, que suman algo más de 80 mil millones de pesos, aparte de que con la Ley 550 se blindaría jurídicamente contra las acciones de demandas y embargos, que hoy ejercen una presión fuerte sobre sus exiguas finanzas. Es aquí, donde la Dirección General de Apoyo Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda, debe acompañar en el proceso y junto a la Gobernación señalar el mejor camino para el Cari.
Muy seguramente todos los aspectos concernientes a lo que será su funcionamiento serán revisados para alcanzar mejores niveles de eficiencia y que ello se traduzca en óptimos servicios a los usuarios; sin embargo, la ciudadanía confía en que allí se tenga en cuenta la escogencia de un(a) buen(a) gerente que aporte ideas, desarrolle gestiones y brinde garantías de que esta vez habrá transparencia y cero politiquería en la selección de los funcionarios que lo (a) han de acompañar en la recuperación y sostenimiento del hospital. Mientras, lo que se ve al interior del hospital es una debacle sin remedio en la que se conjugan todavía todos esos elementos de corrupción y desidia que distinguen a las entidades públicas, especialmente las del sector salud, donde menos hay dolientes y sí muchas cuotas clientelistas que respetar.
