En el ámbito de la democracia hay que reconocer que los Distritos Especiales y los municipios son la base del ordenamiento territorial, los cuales constituyen el soporte de la Nación, que ellos tienen un poder político fundamental y como tal les corresponde un manejo adecuado de lo público.
Como se sabe de vieja data, para el fortalecimiento de estos entes territoriales, se promovió y consolidó la descentralización administrativa, que es la expresión máxima del Estado Social de Derecho, siempre y cuando su aplicación responda a los fines establecidos.
En salud, educación, servicios públicos, seguridad, preservación de los recursos naturales, convivencia y movilidad, los servidores municipales y distritales son los llamados a ejercer un desempeño eficiente respecto a la búsqueda de resultados generadores de una mejor calidad de vida para la población, lo que debe ser la función principal de los servidores públicos, desde los diferentes frentes del engranaje administrativo.
Cuando quienes tienen responsabilidades de este orden obran en contradicción con la ley, o contra los intereses de la comunidad; cuando desvían los recursos del erario en provecho de ellos mismos o de sus allegados, están afectando en forma gravísima a su municipio o distrito.
Se hace necesario por lo tanto, que los ciudadanos sean guardianes de sus municipios en procura de que quienes tengan la responsabilidad de la administración obren conforme a la Constitución y la Ley, al interés comunitario y se sustraigan de procedimientos irregulares, prácticas politiqueras, en detrimento de la ciudadanía, como es de frecuente ocurrencia, debido a la corrupción predominante.
De la distribución de los recursos públicos, independientemente de que sean muchos o pocos, depende el impacto de la inversión que con ellos se realice; a veces con mucho se hace poco, porque se incurre en gastos innecesarios y otras veces con poco se hace mucho, porque se le da prioridad a lo más necesario; esto debe ir acompañado de una dosis de buena ejecución.
Es conveniente precisar en el tema de los gastos que carecen de urgente aplicación, con relación a la escala de prioridades, aspecto de vital importancia a la hora de establecer cuánto, cómo y dónde se van a invertir los dineros aportados por los contribuyentes.
En términos generales se requiere una organización de las finanzas en cada ente territorial, de una buena distribución de la inversión pública, las partidas para las dependencias deben destinarse pensando en las necesidades puntuales que se tratan de solucionar, en los proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y no en quién es el jefe político de determinada secretaría o quién se beneficiará con la contratación.
Los concejos, el Distrital de Barranquilla y de los municipios del Atlántico, deben cumplirles a sus electores, fijando en su momento los rubros para inversión precisa y los organismos de control deben analizar que las partidas tengan la destinación correcta, y además revisar que detrás de tantos contratos no haya desvíos de los dineros oficiales, para así no tener que lamentar casos patéticos como las dificultades que afrontan la mayoría de los hospitales del departamento del Atlántico, en los cuales sólo se vislumbran factores negativos, que como lo hemos dicho ponen en peligro la vida de miles de usuarios que por necesidad tienen que recurrir a las instituciones de carácter oficial, que padecen parálisis en sus actividades debido a problemas financieros.
En estos momentos de estudio de los presupuestos, cae bien tener en cuenta toda esa situación social, para que haya más eficiencia.
