Este miércoles Colombia, Canadá, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, decidieron formalizar la petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gobierno.
En la misiva enviada a la Corte instalada en La Haya, van adjunto dos informes elaborados por expertos internacionales donde se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra la administración Maduro entre abril y julio del año pasado.
Además un tercer informe redactado por encargo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, cita que existe “fundamento razonable” para acusar a once funcionarios del gobierno venezolano como responsables de crímenes de lesa humanidad.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, recordó que la acción ante la CPI era algo que ya había anticipado el presidente colombiano, Iván Duque, cuando era senador, con una acción parecida apoyada por congresistas colombianos y chilenos.
La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.
La Fiscalía de la CPI ya comenzó, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
La denuncia conjunta no abrirá automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.
