Una de las principales funciones o fines de la pena, quizás la más importante, es la resocialización del penado, lo cual implica la intervención de varias autoridades.
Nuestro sistema es mixto, pues unas funciones son ejercidas por el ejecutivo en el manejo administrativo de la pena lo que corresponde al Inpec y la función judicial que corresponde a la Rama Judisdiccional por intermedio de los Juzgados de Ejecución de Penas en lo relacionado con la vigilancia y cumplimiento de la ejecución de la pena en las condiciones que esta se deba cumplir, y por la otra que esa interactuación se haga bajo el exclusivo propósito de que el interno regrese a la sociedad ya curado de toda intención y deseo de causar mal a sus semejantes, es decir que el Estado entregue a la sociedad una persona sana, llena de deseos de hacer bien a la comunidad, con un claro propósito de vida para él y su familia.
La resocialización es la capacidad de un individuo para anticiparse a la aparición de un problema socialmente relevante –continuar en el delito–, basado en el diálogo y una práctica social, profesional, científica y comunitaria orientada a generar cambios culturales que produzcan nuevas actitudes y estilos de vida, y que a su vez le permitan al individuo un reintegro a la sociedad, la idea es rehabilitar a quien infringió la ley.
En Colombia, el sistema carcelario y penitenciario ha establecido que el principal fin de la pena no es solo castigar al sujeto que cometió el delito, sino brindarle un tratamiento que permita su resocialización y posterior reintegro a la sociedad, fin que se encuentra tipificado en el Código Penitenciario y Carcelario, y en el artículo 4 del Código Penal Colombiano.
Para nuestro concepto, los tratamientos penitenciarios deben ser desarrollados con base en actividades educativas, laborales, recreativas, culturales y sobre todo de relaciones familiares, teniendo como finalidad preparar al condenado, mediante estas actividades para la vida en libertad, es decir entregar a la sociedad un nuevo individuo.
Es evidente que esta finalidad no se cumple a cabalidad al interior de los establecimientos carcelarios, porque son diseñados y construidos sin tener en cuenta una proyección del crecimiento de la población carcelaria y el incremento diario de la delincuencia, lo que lógicamente conlleva a que sus capacidades sean insuficientes para albergar a este conglomerado, dando origen al hacinamiento de esos centros de reclusión en toda Colombia y de lo cual no se excluye Barranquilla.
La alta tasa de reincidencia delincuencial registrada en Barranquilla evidencia el mal manejo de los procesos de resocialización desarrollados en las cárceles; situación que pone de manifiesto que aún se sigue la idea clásica de que la función primordial de las cárceles es imponer un castigo que retribuya el daño causado; es decir, una función simplemente sancionatoria en donde poco importa el bienestar del recluso, en donde se les trata como cosas ajenas a la sociedad, no se ha de olvidarse que el “delincuente” a pesar de tener esa categoría no pierde algunos derechos, entre ellos el derecho fundamental a la vida que consagra nuestra Constitución, a la dignidad humana, debe entonces ser un proceso positivo no negativo, para que los presos luego de cumplir la pena impuesta no salgan de la cárcel peor que como entraron.
