El reciente anuncio del Presidente Iván Duque -en el marco de la polémica nacional desatada a raíz de la proyectada Reforma Tributaria-, según el cual la Fiscalía General de la Nación será sometida a una profunda cirugía, que en teoría encierra una serie de medidas que de ponerse en práctica lo más rápido posible, le permitirá declararles la guerra a muchos criminales que hasta el momento han venido gozando de muy altos índices de impunidad, hechos que ante la opinión publica están siendo calificados como actos de negligencia por parte del ente acusador.
La opinión pública nacional siempre ha estado a la expectativa con relación a este tema. Por eso espera con optimismo -así la historia confirme una y otra vez que los resultados de este tipo de anuncios gubernamentales no han sido los mejores-, que esta vez la promesa oficial sí se va a traducir por lo menos parcialmente a la realidad.
Según lo que se ha conocido hasta ahora, el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, será reforzado con más de un billón de pesos en los próximos años, con la finalidad de que contrate más fiscales que se dediquen, entre otras cosas, a luchar frontalmente contra la corrupción y otros delitos financieros.
Delitos que no se pueden seguir repitiendo en Colombia, y que en muy escasas oportunidades, sobre todo aquellos que implican el desangre de los presupuestos públicos, en que sus autores son procesados; pero lamentablemente la mayoría de las veces las investigaciones no llegan a su culminación, lo que se constituye en una verdadera burla para la sociedad colombiana y pone en duda la finalidad para la cual fue creada la Fiscalía General de la Nación en el año 1991.
Es así como el C.T.I. contará con más de tres mil investigadores nuevos y se dividirá en cinco cuerpos diferentes, uno de los cuales en teoría -y ojalá en la práctica también- se dedicará exclusivamente a luchar contra la corrupción traducida en evasión de impuestos y el contrabando, algo de muy poca trascendencia en el proyecto de Ley de Financiamiento. El reto del Presidente Iván Duque y del Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, es grande. Y lo es, porque su propuesta les generará varias responsabilidades.
La primera, sin lugar a dudas, es producir resultados contundentes, ante la enorme cantidad de recursos adicionales de los contribuyentes que se le inyectarán al organismo.
La segunda es aún mayor, y lo es porque el desafío de disminuir los delitos contra el presupuesto estatal y procesar a sus protagonistas, no solo implica cauterizar una de las arterias por la que se desangran sin piedad cuantiosos recursos de la Nación, sino que de fracasar, podría convertirse en el puntillazo final a la poca credibilidad que aún tiene la ciudadanía en las instituciones públicas.
Hay que recalcar que la corrupción es junto a la inseguridad, el problema más grave que padece Colombia. El Gobierno insiste en su más ambicioso plan para combatirlas; del balance que deje esa estrategia solo pueden derivarse dos escenarios totalmente opuestos:
Uno de éxito, en el cual Colombia alcanzaría índices de evasión y contrabando más bajos -llegar a cero sería el ideal pero resulta una utopía-, que le permitirían al Estado cumplir un mayor porcentaje de sus obligaciones con los contribuyentes.
Pero si es un fracaso, sumiría a la sociedad no solo en la más profunda de las frustraciones, sino que se convertiría en una tarjeta de invitación a los inescrupulosos de todos los calibres, para que arrasen con lo poco que aún queda.
