Pedro Santos, hijo del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, propuso su fórmula para obtener el dinero sin afectar el bolsillo de los colombianos de a pie.
“¿Y si gravamos las iglesias y legalizamos las drogas? El recaudo sería masivo, le quitamos el negocio a los narcos y guerrillas y de paso dejamos de perjudicar y joder a los que intentan sobrevivir con el mínimo. Suficiente tienen”. Su mensaje obtuvo más de 300 comentarios. “Evidentemente no soy economista y no busco crear una respuesta completa para recaudar lo que se necesita. Pero creo que hay opciones distintas de recaudo y di un par que me parecen importantes para el país. Saludos!”, agregó.
En otro mensaje, Pedro Santos señaló: “Las ganancias fuera de las manos de los criminales. Protección para los niños. Hoy el cannabis es legalizado y regulado en Canadá y nosotros quitando la dosis mínima, regulando el aborto, aumentando presupuesto de guerra por encima de educación. ¿Por que siempre al revés?”
La Ley de Financiamiento, considerada como una reforma tributaria, pretende conseguir 14 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares) para sostener proyectos de infraestructura y del acuerdo de paz con las Farc que están “desfinanciados” en el presupuesto de 2019, indicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado. El proyecto de ley pretende unificar el IVA de la canasta básica y ajustar la tasa gradualmente hasta llegar a 17% en el 2021, agregó.
Algunos de esos productos actualmente están exentos de este impuesto y otros pagan el 19%, como lo estableció una reforma tributaria en 2016 que decretó un alza de tres puntos porcentuales al IVA. Aunque el ministerio no ahondó en los detalles logísticos, el texto contempla que el 30% de los cerca de 48 millones de colombianos con menores ingresos -unos 4,3 millones de hogares- sean “beneficiados” con una “devolución” del valor del IVA.
Además, la iniciativa incluye beneficios para las empresas al reducir paulatinamente la tarifa de renta corporativa, disminuir impuestos por importaciones, descontar el 50% en la declaración de renta por pagos de impuestos de industria y comercio, y la mitad de los gravámenes que pagan por movimientos financieros.
