Con gran atención, la opinión pública sigue recibiendo las declaraciones de los titulares de los entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que por concepto de coimas, mordidas, comisiones y otras formas de corrupción originadas en el sector público, el país está perdiendo muchos billones de pesos anualmente, esto significa que este flagelo no cede y que al contrario, marcha al mismo ritmo de crecimiento de muchos años atrás, eso quiere decir también que siguen existiendo sectores donde ella se concentra con graves efectos para la comunidad.
Fácilmente podemos calcular que esa suma es equivalente al presupuesto de todos los departamentos del país y que con esa fabulosa suma también podría financiarse la continuación del programa presidencial de Iván Duque, quien ha prometido arreciar la lucha contra el flagelo de la corrupción en este cuatrienio.
Por esto consideramos oportuno sugerir a nuestros lectores y a la ciudadanía en general, rebelarse contra los corruptos y exigirles que la plata que se reúne con el esfuerzo de todos los contribuyentes, se utilice para el bienestar comunitario con pulcritud y planificación.
Está probado que uno de los fenómenos que mayor incidencia ha tenido en el atraso social que hoy en día se observa en gran parte de los pueblos costeños, es la corrupción.
Aunque su expansión por toda la geografía nacional y en todos los ámbitos sociales ha provocado la pérdida de billones de recursos económicos que servirían para disminuir la pobreza y aumentar la inversión en salud y educación dirigidos a los sectores más deprimidos.
Hoy, cuando se conocen las alarmantes cifras, en pagos de sobornos entre el sector privado y el público, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos del Gobierno y de la justicia para erradicar de raíz esa actividad que corroe la estabilidad institucional y social, toda vez que a partir de esas actuaciones la sociedad termina por convertirse en presa fácil de influencias que actúan al margen de la ley.
Con sobradas razones, se ha insistido en que éste factor constituye uno de los más graves males que aquejan al país y que pese a los esfuerzos demostrados por los últimos gobernantes en contrarrestar sus causas y castigar a los responsables, aun nos encontramos muy lejos de disminuir sus perjudiciales efectos.
Tal como a menudo lo destacamos en nuestras páginas, esos casos que a diario se denuncian deben encontrar en la Justicia la mejor fórmula para castigar de manera severa y ejemplar a esos funcionarios que por sus cargos y posiciones son los primeros en estar obligados a mostrar pulcritud, dignidad y honradez en todos sus actos, por cuanto es desde allí, en el manejo integral, donde se pueden derrotar las prácticas ilícitas.
Esperamos, al igual que la comunidad, que todos estos hechos sirvan para demostrar la firmeza y decisión del Gobierno en su objeto de erradicar la corrupción, junto a los entes de control y las autoridades judiciales en forma coordinada. Entonces, invitamos a las autoridades competentes a prestarle mucha atención a los contratos del sector salud, educación infraestructura, desterrar de los contratistas la malsana costumbre de pagar comisiones a los funcionarios que ocupan los mandos medios, encargados de finiquitar las grandes contrataciones y que los interventores no sean precisamente ‘calanchines’ de los contratistas.
