Con la puesta en marcha del Nuevo Orden Jurídico y Político (NOE) con la Constitución de 1991, se imponen cambios, ideas y transformaciones en el sistema educativo, y en la relaciones de la educación superior con el Estado. Este NOE establece que la “educación es un derecho”, sin el plus, de considerarlo un derecho fundamental, para que a través de él, se garantice una educación gratuita. Esto no fue apreciado ni valorado por los constituyentes del 91, en especial, aquellos que tuvieron el encargo de redactar la temática educativa en este Texto Superior (Mora, R. Prácticas curriculares, cultura y procesos de formación. Segunda Edición. Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2012). En realidad, el surgimiento y desarrollo del NOE, y en especial, la constitucionalización del derecho a la educación a la educación superior debe ser realidad, no debe ser un derecho mendicante, debe ser un derecho fundamental, como lo prioritario del Estado Social de Derecho. Este sería un profundo cambio en la educación, si contara con este plus, particularmente muy significativo, en cuanto la educación es la única posibilidad real de movilidad y ascenso social de las clases desposeídas, sería el realismo constitucional colombiano, que no se dirija simplemente a enunciar la educación como un derecho, sino que este sea real (Mora, R. Derecho Educativo. Ediciones Universidad Simón Bolívar. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2010).
Nuestra posición es crítica en la manera cómo esos constituyentes del 91 no elevaron a la educación como un Derecho Fundamental. El argumento que buscamos desde nuestra reflexión es hacer imperativo en el imaginario de los colombianos la necesidad de que se constituya como tal, pues ella, es un Bien Público, muy preciado para la sociedad. Nosotros afirmamos lo siguiente al considerar la educación como Bien Público: se trata de un asunto de interés general, como un Bien, que es consustancial al Derecho Fundamental a la vida, por lo tanto, no debe someterse la financiación de la educación a los parámetros de esos señores, la educación debe ponderarse en contra de ese formalismo legalista de los congresistas y del Ministerio de Hacienda.
En esta medida, concepto como “Servicio Público”, permite ubicar en su justa dimensión la institucionalización y legitimación de una Política de Estado para la Educación Superior. Nuestra reflexión pretende contribuir al debate de cómo entra este concepto como conocimiento jurídico y social en la Ley Estatutaria para la Educación Superior. Desde esta perspectiva recuperamos la misionalidad de los fines estatales y su responsabilidad, desde la constitucionalización de la educación superior como derecho fundamental. Identificar, como lo bien lo establece la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, a los responsables de la educación es de suma importancia para quienes nos identificamos como maestros, en cuanto, la escuela y en ella, los maestros se han convertido en una especie de ambulancia frente a todas las impotencias de la sociedad (Mora, R., et al. Pensar y construir un sistema educativo Caribe. En. Solano, J., et al. Nosotros los del Caribe: 2016: 263. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2016).
La educación como responsabilidad del Estado tiene como fundamento el NOE, donde se reitera que la persona en su dignidad determina el discurso respetuoso de las autoridades por hacer que esta centralidad humana sea el lenguaje promotor de una vida con más calidad humana en el actuar de la sociedad colombiana. La nueva concepción de educación señalada en el Art. 67 constitucional, sin desconocer sus bases filosóficas, señala la responsabilidad estatal, como uno de los fines del interés general, precepto, que refleja la situación actual de la lucha de los estudiantes universitarios por hacer de la educación realmente algo público, es decir, de todos. En este nuevo paradigma, se da la asunción del Estado Social de Derecho por hacer valorar a la persona desde la educación, donde este paradigma se concibe como una realidad constitucional como derecho que existe, donde se resalta su carácter de público, que va encaminado hacia la valoración de la persona humana, como la que encarna y caracteriza dicho Estado. Por este motivo, debe traducirse esta responsabilidad estatal en declaración de un Derecho Fundamental producto directo de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como esa declaración de hacer realidad lo que vale una persona desde la educación (Mora, R. Recreando la Construcción de un Currículo para la Región Caribe. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2010).
Después de innumerables tentativas de ajuste financiero y académico, las universidades públicas están afrontando los desafíos planteados por la sociedad y el mundo global. Ellas se han ampliado a través de la investigación, con medidas encaminadas a ofrecer una educación con calidad. Esto va acompañado con los aspectos relacionados con el derecho a participar en los procesos de reforma a sus estatutos, las inversiones para adecuar la infraestructura física y académica a los nuevos requisitos de la acreditación, y al fortalecimiento de la integración regional (Mora 2012, como se cita en “Ruta Caribeña”: 2018, 241. Fernández, A. Configuración del campo del currículo en Colombia. Un viaje por la producción escrita de sus autores más representativos. Samava Ediciones E.U. Popayán, 2018). Con este movimiento nacional estudiantil se deben desarrollar iniciativas institucionales, jurídicas y programáticas para alcanzar los objetivos perseguidos por esta lucha estudiantil. Entre las condiciones funda-mentales que se deben implementar para la educación superior pública tenemos: 1.Estabilidad financiera. Con ella se tiene un efecto redistributivo importante para la mejora de la calidad formativa. Esto debe apuntar al complemento indispensable de la modernización curricular y la reestructuración de la gestión administrativa. 2. Reforma a los estatutos legales de las universidades públicas, en la búsqueda de la autonomía universitaria sólida como mandato constitucional. 3. Desarrollo académico e investigativo. Es necesario enfrentar la tarea de formar con calidad desde la investigación. 4. Profunda reforma de los currículos. 5. Profunda reforma a los consejos superiores.
