La W radio informó en primicia que después de una álgida y larga discusión que duró toda la Sala Plena del pasado 24 de octubre, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de dos artículos que establecen las inhabilidades para desempeñar cargos públicos en Colombia. Cabe recordar que estos fueron demandados por el abogado del senador Gustavo Petro quien le debe a la nación multas que no ha pagado.
Así las cosas, de quedar en firme la multa por 200.000 millones de pesos que le impuso la Contraloría a Petro y que se encuentra suspendida por el Tribunal de Cundinamarca, el ex alcalde de Bogotá queda inhabilitado para posesionarse por elección popular.
La votación le dio la razón a la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz quien habría definido que el exalcalde solamente podrá posesionarse si paga la totalidad de las condenas por responsabilidad fiscal. Según se conoció, la votación quedó cinco votos a favor y cuatro que salvaron el voto: Alejandro Linares, Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes.
La Corte Constitucional discutió una demanda de inconstitucionalidad que buscaba tumbar varios artículos que establecen inhabilidades para desempeñar cargos públicos. Específicamente, se trata del artículo 38, numeral 4, parágrafo primero y la Ley 610 de 2000 (art. 60, parcial).
La decisión define que el ex alcalde sólo podría posesionarse si paga la totalidad de las condenas por responsabilidad fiscal, impuestas en su contra como alcalde de Bogotá. Petro lo que quería era tumbar precisamente los artículos que lo obligaban a pagar y que le evitaban posesionarse. Eso significa que las cosas quedan tal como estaban en la ley antes. Otra cosa ocurriría si en el Tribunal se caen las multas.
Lo que no se sabe todavía es si ese fallo afecta la posesión de Petro como senador cuya curul ocupa en este momento. Aunque en su defensa está que él no se lanzó al Congreso, consiguió su cupo por obtener el segundo puesto en las elecciones presidenciales.
En pocas palabras: lo que ratificó la Corte Constitucional es que para desempeñar cualquier cargo público, sea quien sea, debe pagar las obligaciones fiscales que, desde su vigencia, exige el artículo 38, numeral 4, parágrafo primero y la Ley 610 de 2000(art. 60, parcial).
Tomado de W Radio
