Ante las dudas y críticas sobre el nuevo acuerdo petrolero de Donald Trump con Venezuela, su vicepresidente, J. D. Vance, salió este jueves en la Casa Blanca a defenderlo y a presentarlo como una pieza de la estrategia de Washington para blindar a EE.UU. … frente a futuras crisis energéticas, en un momento de creciente beligerancia con Irán y de encarecimiento de los combustibles. Vance sostuvo que Washington no puede depender de que otros países garanticen el suministro mundial de energía y cargó además contra los aliados europeos, entre ellos España, por lo que describió como su incapacidad para responder con suficiente firmeza a las amenazas iraníes contra las rutas marítimas.
La tesis del vicepresidente es que la apertura del sector petrolero venezolano permite a EE.UU. incorporar a los mercados una enorme reserva de crudo cercana geográficamente y reducir así la vulnerabilidad ante crisis como la actual con Irán. Según Vance, el acuerdo permitirá poner en explotación efectiva unos 65.000 millones de barriles de reservas mediante la entrada de compañías estadounidenses en Venezuela. «Las empresas privadas, las compañías estadounidenses, entrarán allí y generarán muchos ingresos», afirmó.
Resulta llamativo que fuera Vance, que no lleva directamente la cartera venezolana, quien saliera a defender el acuerdo con el chavismo. Lo hizo desde la sala de prensa de la Casa Blanca, en una comparecencia posterior a la salida de la anterior portavoz, Karoline Leavitt. Allí atribuyó la negociación del pacto a Marco Rubio, responsable de la diplomacia estadounidense, y a Pete Hegseth, secretario de Guerra.
Lo cierto es que el acuerdo va bastante más allá de facilitar la entrada de compañías privadas estadounidenses en Venezuela. El Gobierno de EE.UU. participa directamente, con un 35% del capital, en la empresa creada para explotar parte de los activos petroleros venezolanos, mientras el empresario venezolano Alejandro Betancourt ocupa una posición central en la estructura privada de la operación. Washington no se limita, por tanto, a respaldar políticamente el regreso del capital estadounidense al sector petrolero venezolano, sino que pasa a tener una participación directa en el negocio.
La Administración Trump presenta el modelo como una fórmula para reducir los precios de la energía, asegurar reservas estratégicas y proteger a EE.UU. frente a crisis como la de Irán, pero el diseño acordado convierte también al propio Gobierno estadounidense en socio de la nueva arquitectura petrolera venezolana.
Vance defendió que el efecto no se limitará a Venezuela. Un aumento del suministro mundial, dijo, debería ejercer presión a la baja sobre los precios de la energía. «Si los mercados mundiales reciben más suministro, eso reducirá los costes», señaló. Parte de los ingresos irá a Venezuela, añadió, pero la estructura negociada por la Administración permitirá además que «el pueblo estadounidense reciba directamente parte de esos beneficios».
«Es bueno para los venezolanos, es bueno para cualquiera que compre gasolina y es bueno para el contribuyente estadounidense», resumió Vance, que presentó el acuerdo como una operación beneficiosa para todas las partes y como un elemento de estabilidad para un mercado energético sometido durante los últimos meses a fuertes tensiones.
«Es bueno para los venezolanos, es bueno para cualquiera que compre gasolina y es bueno para el contribuyente estadounidense»
J. D. Vance
Vicepresidente de EE.UU.
No depender de nadie
El vicepresidente enlazó directamente esa política con la crisis iraní. Admitió que los precios de la energía siguen elevados y atribuyó parte del problema a las amenazas contra el tráfico marítimo y al riesgo que supone para el suministro mundial cualquier interrupción en las principales rutas de transporte de crudo. «No podemos depender de nadie para el suministro mundial de energía y gas», dijo.
Vance defendió también la respuesta militar de Trump frente a Irán y sostuvo que Washington se enfrenta a una disyuntiva: permitir que Teherán altere las rutas comerciales internacionales o actuar para impedirlo. Según explicó, incluso países árabes de la zona han advertido a Washington de que una retirada estadounidense tendría consecuencias graves para el mercado energético.
En ese contexto, el vicepresidente criticó especialmente a Europa. Se refirió a lo que calificó de respuesta «ridícula» de algunos aliados europeos y a su «incapacidad» para afrontar el problema, en una crítica que refuerza la presión de la Administración Trump para que sus socios asuman una mayor responsabilidad en cuestiones de seguridad y defensa.
Para Vance, la lección trasciende la crisis inmediata con Irán. «Si hemos aprendido algo en los últimos 40 años es que el suministro de minerales críticos y recursos realmente importa», afirmó. Durante demasiado tiempo, argumentó, EE.UU. invirtió de forma insuficiente en asegurar esas fuentes estratégicas y ahora la Administración intenta revertir esa situación.
La defensa del acuerdo venezolano forma así parte de un argumento más amplio de la Casa Blanca, que es la necesidad de reducir la dependencia energética exterior, aumentar la producción disponible para los mercados occidentales y convertir el acceso al petróleo, los minerales y otros recursos estratégicos en un instrumento de la seguridad nacional norteamericana.
Vance insistió en que la Administración considera que esta política permitirá amortiguar futuras crisis internacionales y limitar el impacto que conflictos como el de Irán pueden tener sobre el bolsillo de los estadounidenses. Frente a la dependencia de productores lejanos y de rutas marítimas vulnerables, la apuesta de Trump pasa por asegurar recursos en el continente americano y vincularlos directamente a los intereses económicos y estratégicos de EE.UU.
