Juan Sebastián Chamorro, líder opositor nicaragüense, pertenece al tristemente célebre grupo de los 222 presos políticos que el pasado mes de febrero fue excarcelado por el régimen de Daniel Ortega y deportado a EE.UU., país en el que reside actualmente. Como el resto de sus compañeros de trayecto, algunos con los que compartió prisión y torturas en el Chipote, fue además de expulsado de su país, despojado de su nacionalidad nicaragüense. Esa es otra forma de tortura: la muerte civil, vivir en un limbo jurídico, sin derechos… A pesar de la prisión, de la separación de su familia, con la que se reunió en Washington, Chamorro no ha tirado la toalla en su intento de devolver la democracia a Nicaragua, desalojando de la Presidencia a Daniel Ortega, quien se ha perpetuado en el poder pervirtiendo el sistema democrático y difuminando la separación de poderes en el país.
Hace unos días, Chamorro visitó Madrid como parte de la agrupación Monteverde, «creada cuando estuvimos en prisión y formada principalmente por exiliados nicaragüenses en Costa Rica«, explica a ABC durante una entrevista organizada por el Club de Madrid en la sede de la FAES. «El liderazgo opositor -matiza- está todo exiliado a diferencia del de Venezuela donde todavía hay líderes dentro del país. En Nicaragua no hay una oposición trabajando, lo que hay son opositores que se enfrentan a grandes dificultades, como la represión».
El grupo Monteverde, que fue diseñado «para abogar por nuestra salida», reúne voces plurales. «En prisión coincidieron personas de tendencias ideológicas muy diversas -yo vengo más de partidos liberales-, pero había exsandinistas, personas de centro izquierda, de centro derecha… Daniel Ortega no discriminó nada», bromea Chamorro.
Según el expreso político, esta plataforma, «un espacio de diálogo y concertación de acciones», se creo con la vocación de convertirse en un órgano de unidad de la oposición nicaragüense. Tras ser excarcelado y desterrado a Estados Unidos el pasado mes de febrero, «fui invitado a incorporarme al grupo Monteverde, que se ha convertido en la opción opositora unitaria, donde se concentran los principales liderazgos de la oposición«, subraya.
Chamorro fue el fundador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la entidad que intentó negociar con el régimen en 2018 y 2019, para ello se creó la coalición la Unidad Azul y Blanco, y la coalición nacional.
Presionar a Ortega
El discurso unitario de Monteverde, que están llevados a foros como Bruselas y ante distintos Gobiernos, como el Pedro Sánchez hace unos semanas, insiste en la necesidad de «hacer presión sobre Ortega, que haya más sanciones a individuos, utilizar los instrumentos comerciales -como el Tratado de Libre Asociación-, denunciar los crímenes y los abusos con nombre y apellidos, llevar los criminales ante los tribunales internacionales…»
Y sobre todo recordar a la comunidad internacional lo que está sucediendo en Nicaragua, cuyas instituciones democráticas están siendo desmontadas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El último ha sido el ataque a justicia, con la purga de más de 200 jueces y funcionarios hace unos días. Sin olvidar el cierre de ONG, de Universidades, de medios de comunicación, los ataques a la Iglesia…
Juan Sebastián Chamorro, en un momento de la entrevista
«Ortega no está dejando nada», lamenta Chamorro, que considera que quien puede frenar esto son los nicaragüenses. «Ellos deben mantener esta lucha que se ha convertido en una resistencia». Una resistencia perseguida en un país donde «ondear la bandera nacional te puede llevar preso». «Nadie va a generar un cambio si no somos los nicaragüenses, con la ayuda de la comunidad internacional», afirma el expreso político y excandidato a la Presidencia de Nicaragua, quien sostiene que Ortega está «en un desenfreno, una deriva totalitaria que sobrepasa a Venezuela, y solo superada por países como Corea del Norte».
Encarcelado en julio de 2021 cuando era pre-candidato a las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, hace ocho meses que fue excarcelado y deportado a EE.UU., además de despojado de su nacionalidad -actualmente espera que el Gobierno de Pedro Sánchez le conceda la española-, afirma que físicamente se ha recuperado pero que psicológicamente, aunque se considera una persona «bastante fuerte», todavía no lo ha hecho: «Estuve 18 meses sin poder hablar con mi esposa (Victoria Cárdenas que tocó a todas las puertas de la comunidad internacional posibles para lograr su liberación) e hija, y periodos de tres meses sin poder hablar con nadie», rememora. «Lleve la cárcel con cierta calma», confiesa, aunque señala que la peor experiencia de esos meses de cautiverio fue «el aislamiento, que te provoca mucha ansiedad por saber lo que está pasando, mucho temor a malas noticias».
Aprender el lenguaje de signos
Chamorro denuncia que sus condiciones carcelarias no respetaban las ‘normas Mandela’, reconocidas internacionalmente: «No podíamos leer, no podíamos hablar». Eso les llevó a las presos políticos que estaban en el mismo pasillo a ingeniárselas para comunicarse sin que fueran descubiertas sus conversaciones, «por lo que aprendimos el lenguaje de signos. Había un preso que tiene un hijo con discapacidad que nos lo enseñó». También desarrollaron un lenguaje para referirse a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, y que los carceleros no pudieran identificar.
Chamorro, que actualmente trabaja en la Universidad de Notre Dame (Indiana) y está preparando un libro sobre su experiencia en la cárcel, ahora tiene cerca a sus familia, pero reconoce que él es un privilegiado. Son pocos los casos de los presos deportados que han podido reunirse con sus seres queridos -uno de ellos es Félix Maradiaga-, que siguen en Nicaragua. Los problemas de reunificación familiar es un nuevo obstáculo al que deben enfrentarse, ante el bloqueo por parte del régimen de la documentación que les permita salir del país. De nuevo, otra forma de tortura para castigar a la disidencia. «No está emitiendo pasaportes para los familiares de los 222«. Y si logras salir, lo que no les permiten después es volver a entrar al país. «En esa situación hay al menos 70 personas», asegura Chamorro. «No te dejan salir cuando les conviene y no te dejan entrar cuando les conviene», remata.
