En los lujosos salones de Matignon, residencia oficial del primer ministro francés, Sébastien Lecornu trataba de encontrar una salida al descontento social que ha provocado manifestaciones en todo el país durante las últimas semanas.
Una ardua tarea para un Gobierno que se enfrenta a … un crecimiento económico estancado y unas finanzas públicas en una situación crítica.
Tras semanas de movilizaciones y la demostración de fuerza de los sindicatos el pasado 5 de noviembre —1,6 millones de manifestantes según la CGT y 575.000 según el Ministerio del Interior—, el primer ministro convocó a empresarios y sindicatos a una importante conferencia social.
Después de varias horas de reunión, Lecornu compareció junto al ministro de Trabajo y Solidaridad, Jean-Pierre Farandou, para explicar las medidas acordadas. Farandou anunció inicialmente una subida del salario mínimo hasta los 1.502 euros netos a partir del próximo mes, frente a los 1.478 euros actuales. «Adelantaremos el aumento del salario mínimo al 1 de diciembre, con una subida del 1,6%. Esto lo sitúa por encima de los 1.500 euros», explicó. Normalmente, el salario mínimo nacional de Francia se incrementaría el 1 de enero para reflejar la inflación, pero en su lugar, el gobierno lo aumentará un 1,6% en diciembre.
El ministro añadió que, con esta actualización, el incremento acumulado del salario mínimo durante 2026 alcanzará el 5,3%, lo que supone una subida de 75 euros netos. El objetivo de esta medida, explicó, es revitalizar la política salarial y propiciar un efecto positivo en las negociaciones entre empresarios y trabajadores, tanto en los distintos sectores profesionales como dentro de las propias empresas.
Sin embargo, las medidas no convencieron a los sindicatos, que volvieron a reclamar una mayor movilización. La subida es «insuficiente», declaró Marylise Léon, secretaria general de la CFDT. «El Gobierno solo ha anunciado migajas», añadió poco después Sophie Binet, secretaria general de la CGT, que hizo un llamamiento a los trabajadores para movilizarse el próximo 17 de noviembre. «Tenemos que generalizar las huelgas y las movilizaciones. Eso es lo que tiene que ocurrir el 17 de noviembre», afirmó, en referencia a la jornada de protesta convocada en el sector público.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, anunció que la ayuda al combustible —una bonificación exenta de impuestos de hasta 1.000 euros que los empresarios pueden conceder a sus trabajadores— se prorrogará hasta 2027.
Un paquete de medidas que no ha satisfecho a los sindicatos y que, por el momento, no parece suficiente para rebajar la tensión en un país que lleva desde septiembre encadenando huelgas y manifestaciones casi semanalmente.
Las primeras protestas estallaron en septiembre en los institutos franceses, donde estudiantes y profesores denunciaron las deficientes condiciones de los edificios y la falta de recursos. Sin embargo, el malestar ha ido extendiéndose y ha terminado por convertirse en una oleada de indignación que engloba reivindicaciones relacionadas con el coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y el bloqueo político.
Todo ello sucede a cinco meses de las elecciones presidenciales francesas. Las encuestas apuntan a un escenario electoral marcado por la polarización, con la posibilidad de que la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, y el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se enfrenten en una segunda vuelta.
