La policía polaca ha desplegado este viernes por la noche un amplio dispositivo en torno a sede del Tribunal Constitucional en Varsovia, después de que su presidente, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, fueran apartados de sus funciones durante un mes. Cumple … así con la petición del ministro de Justicia, Waldemar Żurek, que ha solicitado vigilancia del tribunal.
Sólo unas horas antes, la jueza Anna Korwin-Piotrowska, una de las magistradas elegidas por el actual Sejm, la cámara baja, en marzo de 2026, había firmado una orden por la que interrumpe durante un mes las funciones de Święczkowski y Sochański y asume personalmente la dirección del tribunal, según informan ‘Rzeczpospolita’ y ‘Wprost’.
La oposición nacionalista del partido Ley y Justicia (piS) habla de golpe de Estado, mientras que el Gobierno de Donald Tusk defiende que se trata de restaurar el Estado de derecho. El presidente Karol Nawrocki, que volaba este viernes rumbo a Senegal para una visita de Estado, ha dado media vuelta para aterrizar cuanto antes en Varsovia. «En un momento así, el presidente debe estar en Polonia», ha justificado.
Golpe de Estado
Apenas Korwin-Piotrowska emitió la orden de suspensión, los perfiles del presidente y el vicepresidente desaparecieron de la página web de la institución. El entorno de Święczkowski sostiene que él sigue siendo presidente y que la web ha sido tomada ilegalmente, advirtiendo además que quien actúe contra la corte comete el delito de golpe de Estado.
La Policía ha informado que ha recibido dos documentos, uno del fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, y otro de la propia Korwin-Piotrowska, que alerta de posibles riesgos para jueces y trabajadores. Los agentes aseguran que no han entrado en el edificio y que se limitan a asegurar el perímetro exterior. Pero apenas han acordonado la sede han comenzado a llegar manifestantes, por momentos violentos. Tres personas han sido detenidas y varios agentes han sido golpeados por objetos que lanzaban los manifestantes.
El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, se ha presentado personalmente ante la sede del tribunal y ha calificado lo ocurrido como «atentado contra el Tribunal Constitucional», acusando a los servicios bajo control de Tusk de entrar por la fuerza y pidiendo la intervención del presidente Nawrocki. Ha hablado a la multitud, denunciando que «Polonia se convierte en un Estado policial» y ha enardecido a los manifestantes con sus palabras.
Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026
Tusk ha respondido después a través de X que restaurar el Estado de derecho tras los años de gobierno del PiS es un proceso difícil y a veces doloroso que exige decisiones firmes, y que «no hay otro camino», en referencia a los magistrados nombrados por el PiS en legislaturas anteriores.
Proceso irregular
En 2015 el PiS, el partido de Kaczyński nombró magistrados del Constitucional en un proceso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró irregular en 2021. Bruselas llegó a congelar fondos europeos por la interferencia del Ejecutivo en el poder judicial. Desde que Tusk volvió al poder, en diciembre de 2023, su gobierno no reconoce la legitimidad de buena parte de ese tribunal ni publica algunas de sus sentencias.
El bloqueo se ha agravado en 2026. El Sejm ha elegido ya a ocho magistrados, pero Nawrocki solo ha aceptado el juramento de tres. Uno de ellos, Maciej Berek, juró el cargo en el Parlamento después de que el presidente se negara a recibirle en palacio. Święczkowski se ha negado a dejar que los jueces elegidos por la mayoría actual asuman sus funciones y el tribunal apenas está operativo.
Święczkowski se ha negado a dejar que los jueces elegidos por la mayoría actual asuman sus funciones y el tribunal apenas está operativo
Święczkowski presentó ya en enero de 2025 una denuncia de unas 60 páginas ante la Fiscalía en la que acusaba a Tusk y a altos cargos de un golpe de Estado «sistémico», no con tanques en la calle, sino «neutralizando el Constitucional, el Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura». La coalición de Tusk, sin embargo, habla de un tribunal capturado por el PiS que bloquea a los jueces elegidos legalmente. Con una mayoría muy estrecha y ante las elecciones de 2027 en el horizonte, Tusk parece haber decidido forzar el choque con Kaczyński y Nawrocki por el control del Constitucional.
