Donald Trump ha ligado una promesa de pago para los ciudadanos al resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El presidente anunció este miércoles, durante la convención republicana de medio mandato en Dallas, que entregaría 5.000 dólares (4.300 euros) a … cada ciudadano estadounidense adulto si su partido conserva la Cámara de Representantes y el Senado. El anuncio no vino acompañado de un proyecto de ley, un calendario de pagos ni una explicación de cómo se financiaría.
La condición electoral fue explícita. «Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos», dijo, «emitiré un dividendo para cada ciudadano adulto de Estados Unidos de 5.000 dólares», explicó. Lo bautizó como «dividendo Trump» y lo presentó entre aplausos, dentro de un discurso de campaña en el que pidió a sus seguidores que votaran como si él figurase en la papeleta.
La promesa plantea ahora tres cuestiones distintas: quién cobraría, de dónde saldría el dinero y qué autorización permitiría repartirlo. Ganar las dos cámaras facilitaría al presidente impulsar una ley al respecto, pero el resultado electoral no activaría por sí solo los pagos.
El primer gran obstáculo de tamaña promesa es presupuestario. La Constitución reserva al legislativo la autorización para disponer de fondos del Tesoro. Para poner en marcha un programa de esta magnitud, la Administración necesitaría una base legal y financiación aprobada; el anuncio presidencial no las sustituye. Tampoco basta con que el Tesoro recaude más, pues disponer de ingresos y estar autorizado a gastarlos son cuestiones diferentes.
No sería imposible aprobar una transferencia pública de estas características. Lo que todavía falta es convertir la promesa en un programa con beneficiarios definidos, reglas de acceso, un procedimiento de pago y una dotación económica. En el anuncio tampoco se precisó si el dinero tributaría o cuándo llegaría a los ciudadanos.
El coste sería superior al billón de dólares (más de un billón de euros), según las primeras estimaciones de censo. Se puede calcular en unos 1,3 billones (1,1 billones de euros) utilizando como referencia cerca de 270 millones de adultos. Esa operación exige cautela: Trump habló de ciudadanos adultos, una categoría que no coincide con todos los residentes mayores de edad. Sin unas reglas definitivas de elegibilidad, no puede fijarse una factura exacta.
Además, el vicepresidente, J. D. Vance introdujo un matiz al sugerir que las personas con más recursos no recibirían el pago. Esa limitación reduciría el número de beneficiarios, pero modificaría el alcance universal de las palabras del presidente.
Vance vinculó la propuesta a los ingresos por aranceles. En declaraciones a Fox News, describió este aporte económico como «un dividendo para los trabajadores estadounidenses». No presentó, sin embargo, un cálculo que demostrara cómo esos ingresos cubrirían el desembolso.
Los aranceles tampoco equivalen a una transferencia directa de los gobiernos extranjeros al Tesoro estadounidense. La obligación de abonar los derechos de aduana recae sobre el importador. Por eso, atribuir la financiación a los aranceles no resuelve por sí solo quién soporta su coste ni acredita que exista dinero suficiente para este nuevo gasto.
Una medida con letra pequeña
Trump añadió otra condición cuyo funcionamiento quedó sin explicar: el dinero tendría que gastarse dentro del país. «No queremos que vayáis a Canadá a gastar el dinero», afirmó, antes de mencionar también China y Alemania. No especificó cómo se vigilaría el destino de una transferencia a una cuenta bancaria, qué compras serían admisibles o qué ocurriría si alguien incumpliera esa obligación.
El vínculo con las elecciones ha abierto también un debate jurídico. La legislación federal prohíbe directamente pagar u ofrecer dinero por registrarse para votar o por votar. Esa prohibición, sin embargo, no permite concluir automáticamente que cualquier promesa electoral de una ayuda pública constituya compra de votos.
La legislación federal prohíbe directamente pagar u ofrecer dinero por registrarse para votar o por votar
Por ahora, los 5.000 dólares son una promesa de campaña. Para convertirse en un ingreso efectivo necesitarían decisiones que el discurso de Dallas dejó pendientes: quiénes cobrarían, cuánto costaría, cómo se financiaría y qué ley autorizaría el reparto.
Hay en esto precedentes: en enero de 2021, Biden prometió cheques de 2.000 dólares (1.700 euros) si los demócratas ganaban los dos escaños al Senado por Georgia. Tras la victoria, se aprobaron pagos de hasta 1.400 dólares (1.200 euros), que completaban los 600 dólares (520 euros) autorizados previamente. Entonces los demócratas dijeron que prometer una ayuda pública ligada a una victoria electoral no equivale jurídicamente a pagar a alguien por su voto.
