La Administración Trump ha dado un paso más, y de considerable alcance, en su nueva política petrolera para Venezuela, en un sector que pasa a controlar totalmente. El Departamento del Tesoro acaba de autorizar a empresas estadounidenses a realizar directamente una amplia gama de operaciones … con PDVSA, incluida la comercialización de petróleo venezolano fuera de Estados Unidos. La condición fundamental es que el dinero destinado a personas o entidades sancionadas no llegue directamente a ellas. Quedará depositado en fondos bajo custodia de Washington, en un sistema fiscal aún opaco.
La decisión figura en la nueva licencia general 52C, fechada este lunes, que sustituye a otra aprobada apenas unas semanas antes, el 27 de agosto. La velocidad de los cambios muestra hasta qué punto Washington está desmontando, pieza a pieza, buena parte de las restricciones que durante años aislaron a la industria petrolera venezolana. No elimina las sanciones. Cambia la forma de utilizarlas.
Hasta ahora, buena parte del sistema estaba diseñado para impedir negocios con PDVSA. El nuevo modelo permite hacerlos, pero bajo condiciones estadounidenses.
La licencia autoriza a compañías constituidas en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025 a realizar operaciones con PDVSA y con empresas controladas al menos en un 50% por la petrolera estatal. También quedan autorizadas las transacciones con el Gobierno venezolano necesarias para desarrollar esos negocios.
El cambio no se limita a llevar petróleo venezolano a refinerías estadounidenses. Las compañías podrán vender crudo y productos petroquímicos de Venezuela a terceros países. En esos casos tendrán que comunicar a los departamentos de Estado y Energía quién compra, qué cantidad, su valor, el destino final y los impuestos o pagos realizados al Gobierno venezolano. El primer informe deberá presentarse diez días después de la primera operación y, después, cada 90 días.
Es una apertura amplia. Pero Washington se guarda totalmente la llave del dinero. La licencia establece que los pagos destinados a personas o entidades bloqueadas, salvo impuestos, permisos y determinadas tasas locales, deberán depositarse en los denominados ‘Foreign Government Deposit Funds’, o en cualquier otra cuenta que determine el Departamento del Tesoro.
Esos fondos fueron creados por una orden ejecutiva que firmó Trump el 9 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro. Jurídicamente, el dinero continúa perteneciendo a Venezuela. Estados Unidos lo mantiene únicamente bajo custodia. Pero no puede retirarse o transferirse libremente. El secretario de Estado determina qué desembolsos se permiten para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos y el Tesoro ejecuta esas instrucciones.
Una medida con varias incógnitas
Queda, sin embargo, una zona todavía poco transparente. Los documentos establecen quién custodia el dinero y quién puede decidir sobre los desembolsos, pero no detallan públicamente cómo se decidirá cada uno de esos pagos ni establecen un sistema independiente de auditoría que permita seguir de manera completa el destino final de los fondos. La orden permite al Tesoro presentar informes periódicos y finales al Congreso, pero no describe una auditoría externa del mecanismo.
La importancia de la nueva licencia se entiende mejor al colocarla junto al acuerdo petrolero que la Administración Trump defendió a comienzos de septiembre y que tiene como protagonista al empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Washington ha respaldado una operación alrededor de North American Blue Energy Partners (Nabep), controlada por Betancourt, que afecta a activos con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, según las cifras facilitadas por la propia Administración. El Gobierno estadounidense obtendrá un 35% de participación en la expansión de la compañía sin aportar directamente capital público y tendrá derecho a adquirir al coste de producción el 20% del petróleo generado, además de contar con derecho preferente sobre el resto.
La Casa Blanca explicó entonces que aquella operación formaba parte de una estrategia mucho mayor. El objetivo, según altos funcionarios estadounidenses, era atraer capital privado, reconstruir la industria venezolana y, sobre todo, reducir el espacio que durante años ocuparon China y Rusia. Dos semanas después, la nueva licencia empieza a dibujar con más claridad ese modelo.
El Tesoro está creando un marco más amplio para que otras compañías estadounidenses entren en el negocio petrolero venezolano y trabajen directamente con PDVSA. La propia OFAC afirma que sus nuevas licencias buscan facilitar la reinversión de empresas estadounidenses en Venezuela dentro de los objetivos de seguridad nacional de Washington en el hemisferio.
Vetados de beneficio
La licencia excluye las operaciones con personas o compañías de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Y establece además que las empresas venezolanas o estadounidenses controladas por personas o compañías chinas, o asociadas con ellas mediante empresas conjuntas, tampoco pueden beneficiarse de esta autorización.
Es prácticamente la traducción normativa de lo que funcionarios de la Administración explicaron cuando defendieron el acuerdo con Betancourt. «¿Queremos que empresas rusas y chinas controlen la riqueza de un país de nuestro continente o queremos que EE.UU., en combinación y asociación con el pueblo venezolano, tenga influencia sobre esos recursos?», dijo entonces uno de esos responsables.
Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no podrán obtener beneficio del crudo venezolano
Hay límites. La licencia no permite cualquier operación. Siguen restringidas determinadas transacciones con bonos y deuda venezolana, no se desbloquean automáticamente los activos congelados y tampoco pueden utilizarse participaciones del Estado en PDVSA como garantía. CITGO queda expresamente fuera de cualquier modificación de su gobierno corporativo realizada al amparo de esta autorización.
Durante años, Washington utilizó las sanciones para intentar cerrar los mercados al petróleo venezolano y privar al chavismo de su principal fuente de ingresos. Ahora permite que ese petróleo vuelva a circular, favorece la entrada de empresas estadounidenses y abre la posibilidad de venderlo por todo el mundo.
