El Congreso chileno ha despachado a ley la nueva norma que regirá a los partidos políticos y que introduce significativos cambios al modelo político para facilitar la gobernabilidad, afectada las últimas décadas por la extrema fragmentación del sistema.
La reforma alcanzó el apoyo de … todas las colectividades grandes excepto del Partido Comunista (PC) que se opuso al articulado que establece que todos los partidos deberán agregar a su declaración de principios una norma que señale expresamente: «el partido deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política».
El polémico artículo fue presentado ante el Parlamento por el expresidente Gabriel Boric y contó con el apoyo de todas las colectividades, especialmente, de la derecha que recuerdan permanentemente lo ocurrido en el estallido social de 2019.
No obstante, los comunistas se opusieron, entre otros, por considerar que era revivir el polémico artículo 8 de la Constitución de 1980 que rige todavía al país, pero que fue eliminado en 1989 tras un acuerdo entre el gobierno de Augusto Pinochet y la oposición de entonces. Dicha norma declaraba ilícito propagar doctrinas que atentasen contra la familia, propugnasen la violencia y tuvieran una concepción totalitaria del Estado, así como declaraba inconstitucionales los movimientos y partidos que tendieran a esos objetivos.
El rechazo del PC se hizo más evidente por cuanto la ley debió ser acordada en una comisión mixta de senadores y diputados cuyo informe final debía ser simplemente aprobado o rechazado por cada cámara. En esas instancias todos los parlamentarios comunistas votaron en contra.
El artículo final de la ley de partidos políticos también sostiene que cada colectividad incorporará un texto que señale: «Deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política».
Menos partidos
La nueva ley busca dificultar la existencia de muchas colectividades ya que en la actualidad hay 15 con representación parlamentaria, pero en las elecciones de 2026 se presentaron 27. También introduce cierto orden al interior de ellos, caracterizados por muchos liderazgos internos con voces disonantes. La no existencia en Chile de la «orden de partido» al momento de votar posibilita que cada parlamentario actúe según su conveniencia o termine renunciando a la militancia para dar origen a nueva colectividad.
El texto despachado traba la creación de colectividades al establecer umbrales más alto de militancia, exigiendo mayor cantidad firmas, un 0,3% del padrón electoral y no de los votantes. Una vez promulgada la ley todos los partidos tendrán un plazo de 18 meses para rempadronar a sus bases. Otra dificultad es que ahora todo partido deberá tener existencia legal en al menos 8 de las 16 regiones administrativas del país, eliminando la opción de serlo con solo tres si estas eran contiguas.
Para mejorar la disciplina parlamentaria se estableció que las bancadas podrán sancionar a aquellos miembros que desobedezcan acuerdos adoptados en grupo al momento de votar, considerándose entre ellas la perdida de asignaciones y recursos.
Aunque la idea original del proyecto era que si un parlamentario en ejercicio renunciaba a su militancia perdería el escaño, se consideró que ello atentaría contra la voluntad popular. Esto obligó a establecer que, en ese caso, el congresista perderá todas las asignaciones parlamentarias (unos 15.700 dólares destinados a pago de personal, oficinas y asesores legislativos) y estas quedarán en poder del partido con que se eligió.
Menos presidenciables
Otra norma importante busca elevar los requisitos para poder ser candidato presidencial independiente y evitar la existencia de aquellos con poca representatividad. Hasta la pasada elección de 2025 un postulante solo debía juntar el 0,5% de firmas en relación al número de personas que había votado en la elección de diputados anterior. Esto llevó a que junto con José Antonio Kast se presentaran 7 candidatos más, tres de ellos independientes que no superaron el 1,3% de los votos cada uno.
Ahora, para poder inscribirse en la papeleta deberán juntar el 0,5% de firmas en relación al padrón electoral, el que alcanza a casi 15.800.000 de personas. Es decir, debido al voto obligatorio aplicado desde el año pasado, el universo creció en unos 8.800.000 electores.
