Bajo el régimen talibán, Afganistán disfruta, por una vez, de paz

El 15 de agosto se cumplirán cinco años desde que los talibanes volvieron a tomar Kabul. Durante veinte años habían estado luchando contra el gobierno, sus patrocinadores estadounidenses y algunos de los aliados de Estados Unidos. La guerra comenzó en 2001, cuando Estados Unidos derrocó al primer gobierno talibán por haber dado refugio a los terroristas que planearon los atentados del 11 de septiembre. Cuando terminó, en 2021, se había convertido en la guerra más larga que Estados Unidos haya librado jamás. El régimen que Estados Unidos había respaldado se derrumbó como un castillo de naipes cuando la superpotencia dio media vuelta. Los talibanes regresaron con carta blanca.

Viajar desde Herat, al oeste del país, hasta Kandahar, al sur, y de ahí a Kabul, al este, muestra cómo han afianzado su control. A lo largo de este viaje de 1000 km, este corresponsal vio ondear la bandera en blanco y negro de los talibanes en las plazas de las ciudades y en los campos de trigo, en las rotondas y en los puestos de control más remotos, en los escritorios de los profesores universitarios y en las salas de juntas de los directores generales.

Cansados de la guerra, los afganos han acogido con agrado la paz. Las ciudades que antes resonaban con las explosiones de los terroristas suicidas transmiten ahora una calma sorprendente. «Este es el segundo verano que los pájaros han regresado a Kabul», dice un antiguo funcionario del gobierno, señalando los árboles de su jardín.

Esta observación sugiere que la fauna se adapta más fácilmente a la nueva situación que la opinión pública internacional. Aunque varios países tienen embajadas en Kabul, solo un gobierno extranjero —el de Rusia— reconoce al Emirato Islámico. Los talibanes controlan los ministerios, los impuestos, las fronteras y el ejército, pero se ven excluidos del sistema financiero mundial porque muchos miembros del gabinete siguen sujetos a sanciones por ser considerados terroristas. Su grotesca prohibición de la educación para las niñas mayores de 12 años consolida su condición de parias.

Los talibanes han establecido una paz razonablemente estable y están dirigiendo un Estado moderno mucho mejor de lo que lo hacían en la década de 1990. En aquel entonces, sus líderes sabían muy poco de la vida más allá de sus aldeas pastunes en el sur del país. Ahora, muchos han conocido el resto del mundo, en particular los Estados del Golfo, donde muchos pasaron una temporada durante la guerra.

Restricción de libertades

Sin embargo, no tienen forma de atraer inversiones. Y tanto el poder económico como el militar se están consolidando cada vez más en torno a Haibatullah Akhundzada, el emir, que gobierna no desde la relativamente cosmopolita Kabul, sino desde la ciudad pastún de Kandahar. Es, incluso para los estándares talibanes, extraordinariamente extremista.

La estabilidad tras décadas de guerra no es poca cosa. Sin embargo, el gobierno de Akhundzada no ofrece a la población del país, que crece rápidamente y asciende a 45 millones de personas —de las cuales casi dos tercios aún no habían nacido en 2001—, nada que se parezca ni remotamente a un camino hacia la prosperidad. Muchos de ellos ven cómo sus vidas empeoran en términos materiales. A todos ellos, especialmente a las mujeres, se les han restringido las libertades —la mayoría de las personas dentro del país hablaron con The Economist únicamente bajo condición de anonimato—. Constantemente sopesan las pequeñas libertades frente al riesgo de castigo.

El gobierno talibán dispone de algunos recursos. Ha conservado gran parte de la burocracia profesionalizada de Kabul, junto con los sistemas informáticos que gestionan los impuestos, las fronteras y las aduanas, aunque en junio el emir prohibió el uso de teléfonos inteligentes en las oficinas gubernamentales. Algunos funcionarios optaron por huir. Sin embargo, no hubo una gran purga; más de la mitad de los funcionarios de la república siguen en sus puestos, según fuentes del gobierno y cercanas a él. La continuidad de los expertos ayudó al banco central a mantener la solidez del afgani y a mantener la inflación bajo control.

¡Aquí no tienes ningún poder!

Según el Banco Mundial, el gobierno recauda ahora alrededor de 4000 millones de dólares en impuestos y otros ingresos cada año, casi un 60 % más que en 2020. Este aumento se debe al incremento de los aranceles y a la reducción de la corrupción. En sus últimos años, el gobierno anterior se había vuelto tan corrupto que «se pudrió por dentro», afirma un ministro que formó parte de él y que aún vive en Kabul. Los afganos afirman que la extorsión a pequeña escala, que entonces formaba parte de la vida cotidiana, ha desaparecido en gran medida.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos es menor que la caída de la ayuda. La ayuda humanitaria y al desarrollo ascendió a unos 4000 millones de dólares en 2020. Cuando los talibanes tomaron el poder, la ayuda al gobierno se desplomó, pero gran parte del perjuicio se compensó con un aumento de la asistencia humanitaria a través de otros canales. Ahora también se ha recortado esa ayuda. En 2025 ascendió a solo 1.200 millones de dólares; la cifra de este año será inferior, probablemente mucho más baja. Por tanto, los hospitales y las clínicas del país se están quedando sin financiación, pues el gobierno ha recortado los fondos destinados a sanidad y bienestar para dedicar la mitad de sus ingresos a seguridad.

Tras cinco años en el poder, según se informa, los ministros talibanes afirman en privado que siguen «en una situación de control», lo que significa que la seguridad es primordial. Han obtenido resultados. El año pasado murieron menos de 100 civiles en atentados terroristas, según el South Asia Terrorism Portal, que recopila este tipo de datos. El gobierno ha tomado medidas drásticas contra la antes temible Provincia de Khorasan del Estado Islámico. Al Qaeda ha reducido sus operaciones en el país. En julio, grupos de la oposición llevaron a cabo una serie de atentados y afirmaron haber matado a más de 20 combatientes talibanes. Es posible que esa resistencia crezca. Sin embargo, los ataques fueron de poca envergadura y se sofocaron fácilmente.

Ha habido una excepción significativa a la represión contra los grupos terroristas —al menos, según afirma el gobierno pakistaní—. Un grupo con presencia en Afganistán, denominado «Talibán pakistaní», lleva a cabo ataques en Pakistán. Pakistán acusa al gobierno talibán de dar refugio al grupo, y su fuerza aérea ha atacado objetivos dentro de Afganistán. Pakistán también ha cerrado la frontera entre ambos países, lo cual ha provocado un aumento de los precios de los alimentos en Afganistán y ha cortado el acceso a los mercados de exportación y a la asistencia médica.

A la hora de reducir la violencia en Afganistán, los talibanes tienen una gran ventaja: no tienen que luchar contra los talibanes, que solían ser los responsables de la mayor parte de ella. Esta ironía no resta valor al beneficio que supone para la población en general. Los afganos no dudan en señalar la gran diferencia que ha supuesto la paz: los agricultores pueden llevar sus productos al mercado; los niños (y, cuando se les permite, las niñas) pueden ir andando al colegio; realizar largos viajes en coche para visitar a la familia o conocer el país ya no es una opción inusual.

Sin embargo, hay un precio que se paga a través de la represión. Las fuerzas de seguridad responden con brutalidad ante cualquier disidencia abierta. En una reciente visita a Herat, que cuenta con una numerosa población tayika y musulmana chií, un ministro del gobierno destacó a la policía local como ejemplo para los demás, según dos residentes informados sobre la conversación. La labor ejemplar que elogiaba fue la represión de una protesta celebrada en junio por mujeres indignadas ante la campaña de la policía de la moral y las buenas costumbres. Muchas manifestantes fueron golpeadas. Una adolescente murió de un disparo.

Lo que el gobierno no gasta en hombres armados con ametralladoras parece destinarse a autopistas y mezquitas. Las principales ciudades siguen estando, en su mayor parte, conectadas por carreteras de dos carriles, en ocasiones pedregosas. Sin embargo, en el trayecto de Kandahar a Kabul se pueden apreciar tramos de asfalto recién colocado. Se están construyendo mezquitas cada 70 km aproximadamente, por decreto.

En Kabul se están ampliando las carreteras y está aumentando la construcción de viviendas privadas, financiada en gran parte por la diáspora para los familiares que aún permanecen en el país. En otras zonas, el gobierno está invirtiendo en canales, gasoductos y parques solares, y concediendo licencias para la extracción de oro, cobre y litio, principalmente en el norte del país. Abdul Qahar Balkhi, portavoz del ministerio de asuntos exteriores, afirma que la visión de los talibanes es convertir Afganistán en un «espacio de competencia positiva». Si se mantiene la paz, sostienen él y sus colegas, sin duda Afganistán comenzará a prosperar.

Detrás de la luna, más allá de la lluvia

De ser así, le queda un largo camino por recorrer. El PIB per cápita del país se desplomó tras la llegada al poder de los talibanes. En paridad de poder adquisitivo, ahora es de apenas 2.300 dólares, más o menos lo mismo que a mediados de la década de 2.000. Solo unos pocos países, en su mayoría asolados por conflictos, del África subsahariana se encuentran en peor situación. Muchos afganos pasan hambre. La prolongada sequía provoca escasez de alimentos; hay largas colas en los pozos de Kabul. «Muchos de los niños con los que nos encontramos viven a base de pan y té», afirma uno de los pocos trabajadores humanitarios que quedan.

En Sarobi, una localidad de adobe situada entre aldeas dispersas en las montañas al este de Kabul, los lugareños dicen que apenas tienen comida suficiente. Mucha gente se está endeudando para sobrevivir. «Tenemos paz, pero nuestros bolsillos están vacíos», afirma Razi Khan, un anciano del pueblo. Para muchos hogares, el problema más acuciante es la falta de trabajo. Hassan, un joven de 25 años que fue soldado en el ejército del gobierno anterior, lleva buscando trabajo desde que los talibanes volvieron al poder. Añade que los puestos de trabajo que hay —como en un proyecto solar local— requieren la autorización de un comandante talibán.

Estos problemas se han agravado por el retorno forzoso de unos seis millones de afganos, muchos de ellos sin un céntimo, procedentes de Pakistán e Irán. «Esto ha supuesto una grave presión sobre los recursos de un país que ya se encontraba al límite», afirma Arafat Jamal, del ACNUR, la agencia de la ONU para las personas refugiadas. La mayoría de los expulsados de Irán proceden de aldeas pobres del norte de Afganistán, que durante años han sobrevivido gracias al trabajo estacional de recolección de fruta al otro lado de la frontera.

Aunque muchos afganos se han acostumbrado a las condiciones de pobreza y privaciones, hay un tema sobre el que expresan una amarga decepción: la educación. Entre 2001 y 2021, la matriculación escolar aumentó, sobre todo en las ciudades. Estaba lejos de ser universal —la tasa de alfabetización actual es de solo el 37 %—, pero los padres y las madres habían empezado a considerar algo normal que los niños y las niñas fueran al colegio.

Por ello, la prohibición de los talibanes de que las niñas cursen estudios secundarios cuenta con la oposición de la gran mayoría de los afganos —y de la mayoría de los talibanes, según muchas de las personas con las que habló The Economist—. La mayoría no puede hacer nada al respecto. Sin embargo, las autoridades de algunas ciudades han ideado una solución alternativa para algunos de los más acomodados, concediendo licencias a las madrasas, o escuelas religiosas, para que eduquen tanto a niñas mayores de 12 años como a niños.

En una casa de tres plantas reconvertida en Kabul, con aulas pequeñas y destartaladas y alfombras apolilladas, el director de una de estas instituciones afirma que está educando a 600 niñas. La cuota estándar es de 1.000 afganis (15,20 dólares) al mes (algunas familias más pobres pagan menos), a cambio de lo cual las niñas reciben cuatro horas de clase impartidas por profesoras seis días a la semana. Las niñas visten abayas negras y pañuelos morados en la cabeza. Las cuatro jóvenes de 16 y 17 años que le contaron a este corresponsal lo felices que estaban de haber vuelto al colegio lo hicieron a través de mascarillas al estilo de las que se usaban contra la Covid-19, ya que las mujeres deben cubrirse la boca.

Técnicamente, toda la iniciativa es legal. Aun así, todo el mundo habla en voz baja, como si el mero hecho de mencionarlo —en particular, que no se trata de una educación estrictamente islámica— pudiera hacer que desapareciera. Las niñas dicen que esta escuela es mejor que las públicas a las que asistían antes de 2021 y les alegra poder estudiar matemáticas, ciencias, geografía e inglés (que todas hablan bien), además de estudios islámicos, que les gustan.

Las cosas horribles de el «Mago de Oz»

Una de ellas, Diwa, dice que le da pena que muchas de sus amigas no puedan permitirse asistir. Todas dicen que les frustra que no se les permita sacar mucho partido a la precaria educación que están recibiendo. «No queremos limitarnos a quedarnos en casa y criar a los hijos, ni ser profesoras en una escuela islámica», dice Nadia. «Ese no era nuestro sueño».

El principal destructor de sueños es el hombre de Kandahar al que algunos diplomáticos de Kabul llaman «el Mago de Oz». Akhundzada, de quien se cree que tiene unos 60 años, no se esconde, por lo que se sabe, tras una cortina, pero rara vez se le ve en público; las fotos verificadas más recientes de él se tomaron hace décadas. Antiguo clérigo y juez de la sharia, durante la guerra defendió el giro de los talibanes hacia los atentados suicidas, lo que permitió que uno de sus hijos asesinara a varias personas de esta forma en 2017.

Akhundzada ha impuesto una versión de la sharia que muy pocos musulmanes intentarían justificar, una que incluye una estricta segregación por sexos, rigurosas normas de vestimenta y la exclusión de las mujeres de la vida pública. Sus discursos televisados dejan claro que considera los derechos de las mujeres, y la educación no religiosa para cualquier persona, obra de Satanás. «Cree que el mundo exterior está esencialmente envenenado y que está alejando a los afganos del camino de la sharia y de Dios», afirma una fuente diplomática en Kabul. «Su postura es básicamente «desconectarlo todo»». Adam Weinstein, del Quincy Institute, un centro de estudios, sostiene que la facción de Kandahar podría creer que un aumento de la ayuda y la inversión extranjera no haría más que reforzar la influencia de sus rivales. Por otro lado, los decretos severos y el aislamiento ayudan a dejar claro —y, por tanto, a mantener— el control férreo del emir.

No son las únicas herramientas para ese fin. El emir se ha asegurado de que los ministros de Kabul tengan adjuntos que le rindan cuentas a él. Dirige la policía de la moral y las buenas costumbres, vestida de blanco, el principal mecanismo de control social e institucional del régimen. Sin pasar por el ministerio de finanzas de Kabul, ha establecido el control sobre algunos ingresos procedentes de la minería. Y en los últimos seis meses, alegando que las tensiones con Pakistán lo exigen, ha creado en Kandahar una fuerza de 8.000 combatientes que queda al margen de la cadena de mando del ejército y que tiene un fuerte aire de guardia pretoriana.

Había esperanzas sinceras de que el regreso no saliera como quería Akhundzada. Muchos de los talibanes moderados que ahora tienen su base en Kabul creían que el segundo emirato podría emular los brillantes ejemplos de modernización islámica que habían visto en el Golfo sin sacrificar sus creencias. Durante un tiempo corrieron rumores de que figuras menos reaccionarias —en particular, Sirajuddin Haqqani, ministro del interior y líder de una facción poderosa— desafiarían al emir. Ahora, los talibanes descontentos han cerrado filas, quizá porque no están seguros de poder ganar, quizá porque cualquier preocupación que tengan ha quedado en segundo plano frente a la necesidad de mantenerse en el poder.

Así pues, no hay una alternativa clara a unas políticas más retrógradas y a un mayor aislamiento. La situación de la sanidad muestra lo que eso cuesta. Los talibanes han insistido en segregar a pacientes y médicos por sexos, han expulsado a las médicas y han impedido que las mujeres cursen estudios de medicina. El resultado es el previsible: una falta crónica de atención sanitaria para las mujeres. Una encuesta realizada por Refugees International, una organización benéfica, reveló que la mortalidad materna en Herat durante el primer semestre de 2026 fue cinco veces superior a la del mismo periodo del año anterior.

Otro indicador es la emigración. Un profesor cuyo departamento ha quedado totalmente desprovisto de mujeres —y cuya esposa, con estudios, no puede trabajar— afirma que las políticas retrógradas ya han provocado una enorme fuga de cerebros. A menos que cambien, esa fuga se acelerará. «Nos hemos quedado con la esperanza de que las cosas mejoraran, pero pronto empezaremos a intentar marcharnos», afirma el profesor. Aunque Irán se ha vuelto hostil hacia los migrantes afganos, muchos afganos siguen intentando escapar a través del desierto de Marg. «Marg» significa «muerte» en persa, y el paisaje hace honor a su nombre.

Sin embargo, aunque algunos se marchan, la mayoría no tiene más remedio que quedarse. Algunos talibanes siguen insistiendo en que la situación se aliviará con el tiempo. Sin embargo, muchas personas afganas se sienten impacientes. «Ya han pasado cinco años», dice Diwa, la estudiante. «No queremos esperar».