Este martes, la opositora cubana Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y coordinadora de la plataforma Pasos de Cambio, presentó en Madrid el proyecto ‘Cuba en el umbral’, una hoja de ruta para acabar con el sistema político actual, afrontar la emergencia humanitaria y … establecer una democracia en Cuba.
La presentación tuvo lugar en el Hotel Wellington, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, ante representantes diplomáticos, eurodiputados y personalidades internacionales, entre ellos Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La propuesta se apoya en el Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo de 2026 en Miami por una treintena de organizaciones opositoras cubanas y ratificado posteriormente en Madrid. Su objetivo fundamental no es sustituir a unos dirigentes por otros, sino devolver a los ciudadanos cubanos la soberanía y el derecho a decidir su futuro mediante elecciones libres.
El proyecto tiene tres pasos: liberación política, estabilización y reconstrucción y democratización. Su desarrollo se organiza en torno a medidas humanitarias (el 94% de la población vive en la pobreza extrema), institucionales, económicas, jurídicas y electorales.
Liberación política y desmantelamiento del aparato represivo
La primera condición para iniciar la transición es poner fin a la represión política, aseguró Paya, para quien no puede existir una transición democrática mientras continúen funcionando los mecanismos de persecución y control de la población. Entre las principales medidas a tomar destaca la liberación incondicional de todos los presos políticos, hay más de un millar según la ONG Prisoners Defenders; el fin de la represión y restablecimiento de los derechos fundamentales; la salida del poder de la familia Castro así como de los generales que sostienen el sistema político actual; la disolución de la Seguridad del Estado, las Brigadas de Respuesta Rápida y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR); y amnistía general y garantías para las libertades de expresión, prensa, asociación y circulación.
El plan también contempla reformar los organismos de seguridad y defensa. Las fuerzas armadas y policiales quedarían subordinadas a la autoridad civil y al Gobierno de transición. Se pretende, además, separar a los militares de las actividades económicas.
La premisa central es que las armas deben estar al servicio de la ley y no del Partido Comunista.
Un plan de emergencia humanitaria de 180 días
Una de las principales novedades del proyecto es que no condiciona la atención a la población a la culminación del cambio político. Payá considera que la reconstrucción debe comenzar desde el primer día y que la población no puede seguir esperando a que se resuelva el conflicto político para recibir asistencia.
Yaxys Cires, abogado y director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), presentó un programa de emergencia humanitaria de 180 días.
Las primeras actuaciones comenzarían durante las primeras 72 horas, con la distribución gratuita de alimentos y raciones básicas, agua potable y medicamentos y suministros sanitarios.
La ayuda estaría destinada a toda la población, sin discriminación por ideología, afiliación política o posición ante el anterior Gobierno.
El programa pretende recuperar progresivamente el sistema eléctrico, restablecer la capacidad de los hospitales y atender las necesidades más urgentes de las familias, especialmente de niños, ancianos y enfermos.
Estabilización y reconstrucción económica
La transformación económica constituye otro de los pilares fundamentales de la transición. El economista Elías Amor, exiliado desde hace años en España, defendió la necesidad de recuperar el valor del peso cubano, contener la inflación y crear condiciones para el desarrollo de una economía productiva.
Las líneas principales del plan económico son: recuperar la estabilidad monetaria y combatir la inflación, ampliar el espacio para la iniciativa privada y la actividad empresarial, facilitar la inversión extranjera real, recuperar las infraestructuras y los servicios esenciales y reducir el control económico de los militares.
El planteamiento parte de la necesidad de abandonar el modelo económico centralizado y crear un entorno en el que los ciudadanos puedan emprender, producir, invertir y mejorar sus condiciones de vida.
El proyecto reconoce que la recuperación exigirá sacrificios, pero sostiene que estos deben servir para construir una economía que beneficie a la población y no para perpetuar el sistema anterior.
Justicia, memoria histórica y responsabilidades
El plan considera que el cambio de régimen no garantiza por sí mismo la instauración de una democracia. Es necesario abordar las responsabilidades derivadas de décadas de represión, corrupción y utilización del Estado con fines políticos.
El politólogo Julio Shiling defendió la puesta en marcha de programas de memoria histórica y comisiones de investigación.
Entre las cuestiones que abordará el plan están la de investigar el saqueo y la utilización del patrimonio económico del país, particularmente el relacionado con Gaes, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas; investigar las responsabilidades por los abusos y violaciones de derechos humanos, recuperar la memoria de las víctimas de la represión, romper con la simbología institucional del régimen anterior, establecer mecanismos que impidan la impunidad y permitan construir un nuevo marco de convivencia, la justicia transicional deberá acompañar la reconstrucción institucional y contribuir a evitar que las estructuras de poder anteriores se reproduzcan bajo otras denominaciones.
Gobierno provisional y duración de la transición
El proyecto contempla la constitución de un Gobierno de transición que administre el país durante un periodo limitado. Según explicó Payá, su mandato tendrá una duración máxima de entre 18 y 36 meses, sin posibilidad de prórroga.Este gobierno tendrá que asumir simultáneamente varias responsabilidades, como la de garantizar la seguridad y el orden público, gestionar la emergencia humanitaria, recuperar el funcionamiento de las instituciones, poner en marcha las reformas económicas, restablecer las libertades y los derechos ciudadanos, preparar las condiciones legales y materiales para las elecciones.
La propuesta pretende evitar que el gobierno provisional se convierta en un nuevo poder permanente. Su legitimidad estaría vinculada precisamente a su carácter temporal y a la obligación de organizar la devolución de la soberanía a los ciudadanos.
Reforma constitucional y elecciones libres
La democratización constituye el objetivo final del proceso. El plan contempla que los cubanos participen en un plebiscito vinculante para decidir el nuevo marco constitucional y establecer las condiciones de convocatoria de elecciones. Estas elecciones deberán ser libres, plurales, competitivas y abiertas a diferentes opciones políticas.
La intención es celebrar las primeras elecciones verdaderamente libres en Cuba en más de siete décadas.
La nueva arquitectura institucional deberá garantizar la separación de poderes, el Estado de derecho, el pluralismo político y la protección efectiva de los derechos individuales.
El principio que inspira esta fase es que la oposición no pretende decidir quién debe gobernar Cuba indefinidamente, sino crear las condiciones para que sean los propios cubanos quienes lo decidan.
