No solo ilusiones traen consigo las víctimas del conflicto armado y la población refugiada y migrante que vienen con requerimientos de protección internacional de Venezuela a Cúcuta. Estos dos grupos poblacionales siguen clamando por necesidades básicas como identificación, formalización de su estatus migratorio, acceso a salud, educación y vivienda, entre otros, y continúan dependiendo en gran parte de las decisiones administrativas o judiciales que favorezcan sus derechos.
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A junio de 2024, el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Norte de Santander, en Cúcuta, atendió a 10.033 víctimas con su oferta institucional, pero se estima que el número en el territorio pueda superar los 130.000 en los últimos 10 años. Lo anterior, se suma a las más de 218.836 personas provenientes de Venezuela llegadas a la capital nortesantandereana, según un informe a corte del 3 de enero publicado por el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (ONM), de Migración Colombia.
Las víctimas del conflicto armado, migrantes, refugiados y retornados sin asistencia legal, llegan a la ciudad desorientados y sin dinero, razón por la cual sería imposible conseguir una solución cercana.
Para extender una mano a estas poblaciones, distintas entidades, instituciones y fundaciones adelantan jornadas de atención jurídica, entre ellas, la Universidad Simón Bolívar, que se ha consolidado como una de las que abandera la protección y asistencia de las víctimas del conflicto armado y de la población refugiada y migrante en Norte de Santander.
Desde su Consultorio Jurídico, la Unisimón adelanta su gestión institucional buscando mejorar el panorama a las víctimas y a la población que viene de Venezuela, desde el Programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado (Alposd).
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Según la directora del programa académico de Derecho, de la Universidad Simón Bolívar, Gladys Shirley Ramírez Villamizar, el pregrado, desde su inicio en 2007, ha proporcionado asistencia y orientación jurídica cualificada, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social en la región.
En el primer semestre de 2024, la institución capacitó a 102 estudiantes de Derecho en atención a víctimas del conflicto armado y a 98 en brindar asistencia jurídica a migrantes.
Según la coordinadora local del Programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado (Alposd), Erika Isabel Salinas Cifuentes, “el trabajo realizado no solo ofrece asistencia jurídica, sino que también se ha convertido en un faro de esperanza y justicia para quienes más lo necesitan. La Unisimón no se limita a reportar cifras; también refleja la eficacia del programa Alposd”.
Los resultados positivos de este programa son evidentes en la recuperación de los derechos jurídicos de numerosas personas. “Muchos beneficiarios que estaban en condición de vulnerabilidad y sin garantías legales han logrado recuperar sus derechos”, indicó.
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Respecto a las atenciones a las poblaciones, Salinas informó que, en el primer semestre de 2024, la Unisimón desarrolló 15 jornadas en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, beneficiando a 173 usuarios mediante acciones como tutelas por salud, solicitudes del Permiso por Protección Temporal (PPT); y consultas ante entidades como la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv)
De estas solicitudes atendidas, el 50 % se resolvieron con consultas directas en plataformas institucionales, el 30 % están en trámite, y el 20 %, en seguimiento.
Las brigadas también han permitido establecer alianzas con organizaciones locales para mejorar el acceso a la justicia, siendo los principales temas de consulta la reparación administrativa, ayudas humanitarias para víctimas del conflicto armado y el acceso a la salud, nacionalidad y autorizaciones del PPT para migrantes y personas en busca de protección internacional.
