El Ministerio de Agricultura informó sobre hallazgos relacionados con 100 predios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que presentan presuntas irregularidades y cuyo valor supera los $110.000 millones.
Según el jefe de la cartera, Indalecio Dangond, las revisiones sobre las presuntas irregularidades de los predios continúan y en los próximos días se conocerán nuevos hallazgos que podrían ampliar el alcance de lo identificado hasta ahora.
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El ministro también enfatizó en la necesidad de que los procesos de formalización de tierras garanticen seguridad jurídica efectiva a las familias campesinas. En este frente, el ministerio reportó 1.005 títulos de formalización y adjudicación entregados y otros 1.221 en trámite, correspondientes a 994 familias y más de 6.394 hectáreas.
“Los títulos no se van a entregar a medias. Vamos a entregar títulos verdaderos, reales, inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con un proyecto productivo estructurado, paquete tecnológico y financiación del Banco Agrario”, señaló Dangond.
El funcionario anunció la articulación de su ministerio, la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), junto con el Banco Agrario, para acompañar a las familias beneficiarias con proyectos productivos, asistencia técnica, financiación y apoyo a la comercialización de sus productos.
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El despacho de Indalecio Dangond mantendrá el seguimiento a los hallazgos y a los resultados de las verificaciones sobre los predios, a la espera de la información adicional que se dará a conocer en los próximos días.
Identifican más de 15 inmuebles inactivos
El Minagricultura dio a conocer que más de 15 inmuebles del sector agropecuario, actualmente inactivos, serán puestos a disposición de la Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, para adelantar los respectivos procesos de enajenación.
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La medida hace parte de las acciones de austeridad y ajuste fiscal previstas para 2027 y busca reducir los gastos asociados a bienes que no están generando ingresos ni aportando al cumplimiento de los objetivos del sector. Con esta revisión se pretende optimizar el patrimonio inmobiliario y evitar que el Estado continúe destinando recursos al sostenimiento de propiedades sin uso.
La entrega de estos inmuebles a CISA permitirá avanzar en los procedimientos correspondientes para su comercialización, de acuerdo con los mecanismos establecidos para la gestión y venta de activos públicos.
Según la entidad, la decisión responde a las directrices del presidente Abelardo de la Espriella, de reducir los gastos burocráticos, revisar el uso de los recursos públicos y hacer más eficiente la administración de los bienes del Estado.
“Con estas acciones, el sector agropecuario avanza en la identificación de activos que pueden dejar de representar costos para la administración y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos públicos”, concluyó el ministerio.
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