La delimitación del páramo de Santurbán ha sido uno de los grandes pendientes en materia ambiental durante todo el Gobierno de Gustavo Petro.
Ahora, cuando ya está próximo a terminar su mandato, su administración busca impulsar un decreto que busca implementar una delimitación progresiva de algunas de sus zonas, pero, por la forma como ha decidido hacerlo y los anuncios que ya ha hecho el gobierno entrante, es una decisión que deja más incertidumbre que soluciones.
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Aunque el proceso de delimitación del páramo inició años antes de la administración de Gustavo Petro, su Gobierno ha tratado de impulsar y fortalecer los procesos de protección de ecosistemas estratégicos como los páramos.
Actualmente el proceso de delimitación participativa continua en la fase de construcción, lo que se ha traducido en distintas mesas de concertación con la población local e instituciones de protección ambiental en las que buscan establecer acuerdos que permitan la posterior delimitación del páramo.
Aunque ya son varios los municipios que han anunciado acuerdos con el Gobierno nacional, aún hacen falta algunos para finalizar este proceso, situación que ha impedido garantizar la delimitación.
Ante esta situación, el Gobierno nacional decidió implementar una metodología nacional de delimitación progresiva para los procesos de delimitación participativa de páramos en Colombia, con el objetivo de finalizar el proceso que ya acumula ocho años desde su inicio.
Una delimitación acelerada a días de finalizar el Gobierno
La metodología implementada por el Gobierno pretende convertir los acuerdos logrados junto a las comunidades en avances de delimitación mientras continúan las etapas pendientes.
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“El proyecto propone delimitar progresivamente 29.199,44 hectáreas en 19 municipios con área de páramo que ya concertaron los seis temas ineludibles definidos por la Corte Constitucional”, indicó el Ministerio de Ambiente.
“La delimitación progresiva permite convertir en decisiones jurídicas los avances participativos ya alcanzados, sin fragmentar el ecosistema ni suspender el proceso participativo en los municipios donde este aún continúa. Las áreas que todavía no hacen parte de esta delimitación mantienen las medidas de protección vigentes mientras culminan el procedimiento correspondiente”, añadió la institución.
No obstante, el anuncio del Gobierno causó todo tipo de opiniones divididas.
La Asociación de Mineros de Santander, Asomineros, alertó que esta medida tendrá un gran impacto en el sector productivo del territorio.
Ivonne González, líder del gremio, aseguró que esta delimitación progresiva sólo favorecerá a los “ilegales”, mientras que a los mineros de la zona los desplaza.
«Con estas tres resoluciones el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos ser formales y los titulares legales vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad», enfatizó la líder gremial.
González también enfatizó que esta decisión no es jurídicamente viable, pues no es posible implementar parcialmente los acuerdos de concertación ni fragmentar el proceso de delimitación.
Este anuncio del gremio minero vino acompañado de la solicitud del gobernador de Santander, Juvenal Diaz, de aplazar la mesa de concertación programada para este sábado 18 de julio en Bucaramanga, al considerar que no existen las condiciones necesarias para garantizar una participación amplia.
El gobernador reiteró la importancia de que este proceso de concertación tenga las máximas condiciones de participación, pues la decisión final tendrá un alto impacto ambiental, social y económico para la región.
La postura del Gobierno entrante
En múltiples ocasiones, los funcionarios designados del Gobierno entrante han asegurado que la minería y el fracking son opciones que podrán ser analizadas con el objetivo de impulsar el crecimiento productivo y económico de los territorios.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible entrante, Fabio Arjona, detalló que aunque aspectos como el fracking no son competencia del Ministerio de Ambiente, en caso de que lleguen a implementarse, se exigirán los mayores estándares ambientales con el fin de garantizar la seguridad de los ecosistemas y la seguridad hídrica.
En el caso del páramo de Santurbán, el ministro de Ambiente designado anotó que las acciones del Gobierno saliente corresponden a una medida populista que solo busca hacer una delimitación ‘express’ saltando todos los parámetros que ha establecido la Corte Constitucional.
“Ahora mismo hay una acción febril para adelantar en una semana lo que no se hizo en cuatro años, con respecto a una delimitación, violando todos los condicionantes que puso la Corte Constitucional, seguramente lo van a sacar pero se va a caer”, indicó Arjona durante la IX Cumbre de Sostenibilidad de la revista Semana.
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Arjona reiteró que la minería ilegal ha estado presente en Colombia y en el páramo de Santurbán durante años, la cual se presenta como uno de los principales males para los ecosistemas del país. En ese sentido, el ministro designado aseguró que la formalización minera también se puede ver como una medida de protección del ambiente si se implementan los debidos estándares.
En ese sentido, el funcionario entrante aseguró que los estudios ambientales que se desarrollen serán los que determinen si se podrán desarrollar actividades mineras en Santurbán.
Estas declaraciones y los anuncios del Ministerio de Ambiente presentan un panorama en donde aunque se implemente la delimitación progresiva del páramo, esta estará sujeta a los estudios jurídicos pertinentes y a las decisiones que tome el próximo Gobierno.
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