Un óptimo servicio de energía constituye uno de los mejores aliados para el desarrollo y el progreso de una sociedad. Por ello, si existe deficiencia en su prestación lo que se consolida es el atraso y el desequilibrio social.
En la Costa Caribe, este ha sido un punto que con el transcurrir de los años se convirtió en tema obligado de discusión y polémica, dado que la empresa encargada de su prestación cayó en una crisis y el Gobierno se vio obligado a intervenirla, para evitar el colapso del servicio.
Hoy, como es de todos sabido, Electricaribe se encuentra intervenida y frente a esa decisión que adoptó en su momento la Superintendencia de Servicios Públicos todos en la región le brindaron su respaldo, enfatizando en que a la empresa había que reorganizarla para que pudiera cumplir con su propósito, o en el peor de los casos cambiarla y que llegara otro operador que garantizara un servicio con eficiencia.
Lo que en estos momentos llama la atención de la comunidad costeña es que tras haberse conocido hace varios meses un informe de su agente interventor, Javier Lastra Fuscaldo, donde se indicaba que “es un hecho que la solución de la deficiencia del servicio de Electricaribe es irreversible, así sea necesario esperar cuatro años de obras e inversiones cercanas a los $350.000 millones por año…”, muy poco se haya hecho desde entonces, por parte del Estado para amortiguar ese grave diagnóstico.
Ante tales circunstancias, lo que se plantea la ciudadanía, usuaria del servicio y de esta empresa, son más interrogantes y, claro, un mayor aumento de sus preocupaciones, con relación a lo que será el futuro de este renglón energético para la Costa.
Es evidente que lo que se debe acelerar es el ejercicio de las inversiones, para que bajo la intervención de la Superservicios se puedan superar las causales que dieron origen a la toma de posesión de la empresa y así se levante esta medida, con la seguridad de que por fin tendrá la Costa una prestación de energía más confiable.
Para el agente interventor resulta claro que ante el bajo índice de inversión que había venido realizando la empresa para asegurar la eficiencia del servicio constituye una causal de la crisis. Ya en ese informe referido había reseñado que en los últimos tres años la inversión en la red de distribución llegará solamente a los $83 mil millones, lo que comparado con la valoración de los activos fijado en $5.3 billones, esa inversión solo llega al 1.5% de la base de activos. “De este resultado se desprende que indicadores como duración y frecuencia de las interrupciones aumentan anualmente en un 10%, fuera de las fallas en los transformadores, y sin plan de reposición, todo lo cual compromete la capacidad para atender el crecimiento de la demanda”. He ahí el porqué de una crisis y la urgente necesidad de que se disponga el plan de inversiones con miras a garantizarle a los usuarios de la Costa un servicio energético de calidad y eficiente.
Ante esto, se espera que no se extienda ni demore más el plan de solución que debe tener el Gobierno Nacional.
