El exgerente de la Triple A, Ramón Navarro Pereira, en la audiencia de ampliación de imputación de cargos aceptó los delitos de adición de imputación de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y administración desleal, en el marco del proceso judicial que se le sigue por el millonario desfalco a las arcas de la empresa de Agua, Aseo y Alcantarillado.
Los otros dos imputados, el exdiputado Héctor Amarís Piñeres, representante legal de Iarco y Édgar Piedrahíta, representante legal de Epsilon, aceptaron los cargos por falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito en favor de particulares.
La vista judicial se realizó en la tarde de ayer en la Sala 7 del Centro de Servicios Judiciales presidida por el juez Penal Municipal con función de Control de Garantías, José Vergara Otero.
Amarís Piñeres compareció a través de una videollamada ya que no pudo asistir a la diligencia por motivos de salud.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su momento dio a conocer que una de las fugas de dinero de las armas de la Triple A, que presuntamente terminaron en bolsillos de particulares, se había dado a través de la expedición de facturas falsas en las que la mencionada empresa pagaba a otras compañías servicios que nunca fueron prestados.
La investigación
Ramón Navarro Pereira, el cuestionado exgerente de la firma Triple A, empresa de servicios públicos de Barranquilla, fue capturado por el CTI para que respondiera por el saqueo de 27.000 millones de pesos en el denominado caso Lezo, uno de los mayores escándalos de corrupción en España.
Navarro es investigado por el presunto desvío de recursos de la Triple A mediante compras infladas de empresas y pagos a políticos locales a cambio de contratos.
En ese entramado aparece Inassa, filial en América Latina del Grupo Canal Isabel II, cuyos negocios en varias regiones del mundo tienen tras las rejas a varios políticos españoles.
Su nombre apareció en una sociedad offshore en Islas Vírgenes, en donde hizo movimientos que fueron rastreados por las autoridades hasta determinar la procedencia aparentemente ilícita de los recursos.
La Fiscalía dice que el ejecutivo “junto con los representantes de la empresa española Inassa y la firma Recaudos y Tributos S.A. se habrían apropiado de 27.879 millones mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable”. A ese contrato se suma otro que es investigado por 237.000 millones que lleva a que las irregularidades hubieran superado los 264.000 millones de pesos.
Esos supuestos gastos habrían sido enmascarados para que aparecieran como operaciones totalmente legales, de tal manera que los dineros ilegales fueran sacados de la operación como dividendos.
Las irregularidades habrían ocurrido entre 2012 y 2015 y las Fiscalías de Colombia y España han llevado a cabo varias cumbres para intercambiar información.
La Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), es la accionista mayoritaria de la Triple A, que de la noche a la mañana pasó a ser del grupo Canal Isabel II de España.
En la Operación Lezo, que en Colombia se conoce como ‘Acordeón’, se investigan los delitos de prevaricato, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción. En la venta de la Triple A, el Distrito de Barranquilla pasó de tener el 84 por ciento de las acciones a menos del 15 por ciento.
El contrato que se suscribió el 4 de septiembre del 2000 entre Inassa y Triple A y contemplaba un pago mensual de 4,5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo por “la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica” que, según la justicia, fue inexistente y que en 17 años habría llegado a los 237 mil 800 millones.
La Fiscalía considera que “el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S. A. (empresa del Grupo Español Canal Isabel II) y Slasa.
Julia Serrano, exgerente financiera de Triple A y quien compareció ante las autoridades, explicó cómo se montó este entramado y entre las empresas que sirvieron para facturar y cobrar los cheques mencionó a Iarco Limitada, que habría facturado 1.500 millones de pesos a Triple A por servicios que nunca se prestaron.
Un certificado de Cámara de Comercio de mayo de este año indica que Iarco tiene dos socios: el exdiputado del Atlántico por el partido Liberal, Héctor Amarís Piñeres, quien además figura como gerente, y Claudia Lora Osorio, subgerente.
Otra de las empresas mencionadas por Serrano en sus declaraciones a la Fiscalía es Epsilon, que tiene su sede está en la capital del Atlántico y se emplea en la construcción de obras de ingeniería civil, actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados, y arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
El próximo viernes 23 de noviembre se realizará la audiencia de verificación de allanamiento de cargos de los imputados ante un juez de conocimiento.
