En Colombia, los drones cargados con explosivos se convirtieron en la nueva arma de guerra de los grupos al margen de la ley y hoy en día su uso es prácticamente sistemático, al punto que, en lo que va corrido del año, cada 20 horas, aproximadamente, se presenta un ataque de este tipo en el país.
Así se desprende del más reciente informe elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el que se advierte que entre el 2023 y el primero de octubre de este año la Fuerza Pública registró al menos 716 ataques con drones. Solo en el 2026 van 318, lo que equivale a 8,2 atentados cada semana. Agosto fue el mes en el que más se perpetraron ataques haciendo uso de esta tecnología, con 56 casos.
De acuerdo con la información recopilada en el análisis, el 71% de los hechos se concentra en Cauca (97 ataques), Chocó (47), Norte de Santander (42) y Valle del Cauca (41). Ayer en la tarde se presentó el episodio más reciente en el corregimiento de Luis Vero, en zona rural de Sardinata, (Catatumbo), donde una vivienda y el templo parroquial San Martín de Porres sufrieron daños por la carga explosiva de estos artefactos. Según la información preliminar, en la vivienda afectada se encontraban menores de edad al momento de los hechos.
Precisamente, el informe de la FIP señala que la población civil es una de las principales afectadas con el uso indiscriminado de estos artefactos. En los últimos tres años las víctimas llegan a 487, entre ellas 55 civiles heridos y 6 asesinados; los 401 restantes son miembros de la Fuerza Pública heridos y 25 muertos.
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Entre tanto, los grupos armados que serían los responsables de perpetrar estas acciones son: la disidencia del Estado Mayor Central de las Farc, en el 72% de los hechos, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en el 23%.
“A esa cifra hay que sumarle una serie de afectaciones producto del temor a ser víctima de estos artefactos: desplazamiento, confinamiento, mayor control de los grupos y obstáculos para la vida cotidiana, en particular de mujeres, niños y comunidades étnicas”, señala la FIP.
Un fenómeno en aumento
En su análisis, la Fundación Ideas para la Paz explica que el uso de los drones para el combate fue una idea que se contempló al interior de las antiguas Farc en 2009, pero que solo se vino a materializar en el 2023, con esta organización ya desmovilizada y una disidencia de la misma tomando fuerza.
“El primer ataque con explosivos usando estos artefactos quedó registrado en julio de 2023 en Puerto Guzmán (Putumayo), por órdenes de los Comandos de la Frontera. El uso sistemático llegó después: 119 ataques en 2024 y 277 en 2025. En enero de este año, el frente Carlos Patiño del EMC estrenó la modalidad kamikaze contra la Fuerza Pública en el municipio de Patía, Cauca”, dice el informe.
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El otro dato que llama la atención sobre lo que advierte la Fundación, es la facilidad con que se vienen adquiriendo hoy en día los drones, pues mientras que en un comienzo los equipos llegaban de manera legal por Estados Unidos, China y Rusia, “la nueva fase de la guerra entre Ucrania y Rusia disparó la oferta mundial y, a través de Venezuela, los grupos ampliaron sus compras”.
En este momento, incluso, el Eln y las disidencias hasta los fabrican o adaptan y tienen sus propias “escuelas” para enseñar sobre su uso y manejo.
Sobre la forma en la que la Fuerza Pública se ha venido preparando para contrarrestar los ataques, la FIP señala que el Estado ha empezado a moverse y que en 2025 se activó el primer Batallón Antidrones del país y restringió la entrada de partes para fabricar drones. Además, este año, el gobierno de Gustavo Petro alcanzó a presentar el proyecto Escudo Nacional Antidrones. No obstante, para la Fundación esto es “necesario, pero insuficiente”.
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