Canal de Isabel II, propietaria de Inassa, empresa que a su vez tiene el 82% del capital accionario de la Triple A, anunció que emprenderá “todas las actuaciones a su alcance” para defender sus derechos luego de que la Fiscalía General las embargó y secuestró con fines de extinción de dominio.
La Fiscalía General anunció ayer el inicio del proceso cuyo valor asciende a 202.000 millones de pesos de Inassa en Triple A y ordenó prisión no privativa de la libertad y multa para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.
Desde España, Canal ha manifestado este viernes en un comunicado su “enorme preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas adoptadas por la Fiscalía de Colombia para los servicios públicos esenciales que su filial lleva prestando desde hace 17 años en el distrito de Barranquilla con total eficiencia y responsabilidad”.
Aseguró que en los próximos días la empresa pública de aguas de Madrid “acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer por la Fiscalía con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales”.
‘Caso Lezo’
Canal recuerda que las autoridades colombianas tuvieron conocimiento “de las posibles irregularidades cometidas en su territorio tras la denuncia interpuesta por la misma empresa pública ante la Fiscalía General del Estado español y que dieron lugar a la instrucción del procedimiento 91/2016, Operación Lezo, ante el Juzgado Central de Instrucción nº6 en la Audiencia Nacional”.
De ella derivó la ‘Operación Acordeón’ en Colombia, en la que se enmarcan las actuaciones del jueves de la Fiscalía General, añade la empresa pública madrileña.
Canal reitera “su total colaboración, como ha venido haciendo hasta ahora, en la denuncia e investigación de las posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir administradores y directivos colombianos y españoles en estos hechos”.
También se compromete con “la defensa férrea de cuantos derechos les asistan tanto a Inassa como a sus accionistas para proteger sus inversiones y demás intereses económicos y patrimoniales”, concluye.
Saqueo de Triple A
La Fiscalía de Colombia se basa en hechos ocurridos desde el 2000 hasta el 2017 en que se detectaron pagos fraudulentos mediante un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a 236.853 millones de pesos.
En 17 años de vigencia del contrato se habrían pagado más de 329.000 millones de pesos. “Los elementos recaudados indicarían que el objeto del ‘contrato de asistencia técnica’ nunca se cumplió”, señaló la Fiscalía, cuyo titular, Néstor Humberto Martínez Neira, calificó esto como un “saqueo” de Triple A.
El fiscal afirma que hay evidencias de “desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros”, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A., del grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, “que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EE.UU.)”.
La maniobra financiera, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para gastos operacionales de Inassa”, explica la Fiscalía.
Medidas
Al mismo tiempo el Fiscal y el juez que lleva el proceso prohibieron salir del país e impusieron multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, hoy concesionario de Aguas del Sur del Atlántico, y a Francisco Javier Malia Baro, ex gerente general de Inassa.
También a los exgerentes de Triple A Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira; Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa y Germán Sarabia Huyke, gerente de la misma empresa.
Igualmente a los españoles Carlos Roca García, actual gerente de Inassa; Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo, y Edmundo Rodríguez Sobrino, procesado en España como expresidente de Inassa y de la Junta Directiva de la Triple A, quien está siendo procesado en España por el ‘caso Lezo’ por el presunto desvío de fondos hacia el Partido Popular y cobro de comisiones en Latinoamérica por el expresidente regional Ignacio González y exejecutivos del Canal.
“Los procesados son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares”, agregó la fiscalía.
Con información de El Periódico por Emilio Naranjo /EFE
