La reciente elección de Gregorio Eljach como nuevo procurador general de la Nación ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones colombianas y la preocupante falta de independencia del Senado y del Gobierno de Gustavo Petro. Este nombramiento, que se basa en la politiquería y el clientelismo, no solo debilita la función de control que debería ejercer la Procuraduría, sino que también representa un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país.
La falta de autonomía en la elección
La elección de Eljach, con 95 votos a favor, revela un Senado más preocupado por satisfacer las demandas del Ejecutivo que por cumplir con su deber de salvaguardar la independencia de las instituciones. Al elegir a un candidato tan evidentemente vinculado al Gobierno de Petro, el Senado ha decidido poner en riesgo la integridad de un órgano que debería ser un baluarte contra la corrupción y la impunidad. Este acto no es solo un fracaso institucional, sino una clara traición a los principios democráticos que deberían guiar a los representantes del pueblo.
El hecho de que numerosos senadores se declararan impedidos para participar en la votación sugiere que el proceso estuvo lejos de ser transparente. Este tipo de maniobras no hacen más que alimentar la desconfianza pública hacia las instituciones, dejando a la ciudadanía con la sensación de que sus representantes actúan en función de intereses políticos particulares en lugar de trabajar por el bien común.
Un gobierno que prioriza la lealtad sobre la capacidad
El respaldo del presidente Petro a Eljach es revelador. En lugar de elegir a un procurador que garantice la justicia y la imparcialidad, el mandatario ha optado por un candidato que podría convertirse en un mero apéndice de su administración. Esta decisión evidencia un claro desprecio por la autonomía que debe caracterizar a la Procuraduría, convirtiéndola en un órgano al servicio de intereses políticos y no de la justicia social. La insistencia de Petro en que Eljach es la elección correcta para “devolver la autonomía” al ente de control es irónica, ya que su nombramiento sugiere todo lo contrario.
Promesas vacías ante un legado cuestionable
Las promesas de Eljach de luchar contra la corrupción suenan vacías cuando se examinan a la luz del contexto en el que fue elegido. La historia reciente de la Procuraduría, marcada por los excesos de sus predecesores, deja claro que la verdadera independencia es una meta lejana bajo un gobierno que parece no entender la importancia de la separación de poderes. Si Eljach se convierte en un defensor del gobierno en lugar de un guardián de la justicia, la lucha contra la corrupción en Colombia seguirá siendo un discurso hueco.
La elección de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación es un llamado de atención sobre el estado de la democracia en Colombia. El Senado, al elegir a un candidato tan alineado con el Gobierno de Petro, ha fallado en su deber de proteger la independencia institucional. La lealtad política ha prevalecido sobre la capacidad y la justicia, lo que deja a la sociedad colombiana con serias dudas sobre el futuro de la Procuraduría y su papel en la defensa de la legalidad. La situación actual es un claro recordatorio de que la verdadera democracia requiere instituciones fuertes y autónomas, no meras herramientas al servicio de un régimen político.