Colombia termina su actividad económica en el 2017 con una productividad de 0,24%, lo que representa un bajo crecimiento económico frente a la meta propuesta, aunque puede considerarse bueno en relación con otros países americanos y europeos, pero se mantiene latente, con miras a 2018, la preocupación por la serie de problemas que agitan al país en estos momentos.
A juicio de los investigadores del grupo Democracia y modernización del Estado Colombiano, en categoría A1, de la Universidad Simón Bolívar, esos asuntos pendientes son: la corrupción, la evasión, la responsabilidad social, las fluctuaciones del tipo de cambio, el barril de petróleo, la volatilidad de los mercados financieros, la relación beneficio-costo de las exportaciones e importaciones, los efectos a corto y largo plazo de la reforma tributaria, la incidencia del aumento del IVA del 16% al 19%, el manejo de la gestión pública financiera y la política fiscal, la aplicación en la administración de los recursos públicos de la unidad de caja, la eficiencia operativa en la articulación de las políticas públicas, el dilema entre crecimiento, desempleo, inflación, las tasas de interés y el incremento del 10,93% del precio de la gasolina en el 2017.
De acuerdo con el análisis de los académicos, liderado por el docente investigador sénior Florentino Rico Calvano, el 2017 podría calificarse como un año de inestabilidad económica, política y social en diferentes dimensiones, con una fuerte volatilidad en los mercados financieros y desaceleración económica, tanto a nivel internacional como a nacional, regional y local.
En los últimos meses del año se ha dado la recuperación de Estados Unidos acompañada del proyecto de reforma fiscal que privilegia a las empresas y baja las tasas de impuestos del 35% al 20%, mientras que Colombia decide, de manera inversa, darle un aumento a las tasas impositivas y al IVA, con un fuerte impacto en por lo menos el 30 % de la población colombiana que está representada en la clase media – profesional, que son los soportes de la financiación del Estado con ingresos entre 1.700.000 y 7.500.000 pesos
“Llama la atención como se viene desconsolidando la política económica, desde la política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria y sectoriales, muy frágil ante los fenómenos económicos, políticos y sociales, creándose un ambiente de desconfianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. Nos alienta ver que otros países están en proceso de recuperación como es el caso de Argentina y en la coyuntura más reciente Brasil y, finalmente, prendiendo alarmas en algunas regiones con fuertes desequilibrios macroeconómicos y escaso margen de maniobra como es el caso particular de Venezuela y Honduras”, enfatiza Rico Calvano.
La inflación estuvo lejos del rango meta del Banco de la República, lo que propició fluctuaciones en la tasa de interés, mayor costo del dinero que incidió en la tasa de crecimiento, razones optimismo empiezan a notarse. La inflación declina rápido de lo esperado inicialmente, se calcula que terminaría el año incluso en el 4%, de la mano de los descensos en la inflación, reducciones en las tasas de interés para estimular el consumo de los colombianos y por esta vía la actividad productiva nacional.
El análisis de los investigadores se refiere a que evidentemente en los sectores público y privado se están dando procesos para incrementar la eficiencia operativa haciendo énfasis en la creación de valor para garantizar sostenibilidad de las entidades, mediante la orientación coherente de las políticas públicas resultado de los procesos de planeación. Por ese lado se muestran optimistas frente a la posibilidad de que en Colombia se consolide de manera integral, unificada y eficiente la coordinación en la administración de caja y de la deuda, al punto de que en la región Caribe hay municipios reconocidos por su desempeño fiscal en el manejo de los gastos de funcionamientos, otros han logrados salir adelante en recaudación a costa de una fuerte presión tributaria, han hecho énfasis en la adopción de normas internacionales de contabilidad, elevando credibilidad de la información financiera, mejorando disponibilidad y calidad de los datos presupuestarios, tesorería y contables, adopción del SIAF para aumentar competencia y generar relación costo-beneficio, mayor transparencia en los sistemas de compras y contrataciones públicas electrónicas.
Asuntos pendientes del Estado
Queda latente para 2018 el mejoramiento de la transparencia en la administración de los recursos públicos como la aplicación de la contabilidad de costos, que es esencial para unas prácticas contables adecuadas, y la información disponible que permita procesar y arrojar los reportes financieros oportunos para conocer las situaciones presupuestales, fiscales y de tesorerías. Tampoco se ha superado el desafío de involucrar a los responsables de la toma de decisiones con voluntad de ir más allá de la información financiera tradicional.
Igual existe la necesidad de actualizar y mejorar los sistemas de TIC, lo mismo que la capacitación y actualización a los funcionarios en contabilidad pública, pues solo se ha implementado un subconjunto de normas internacionales de contabilidad, presupuestos por resultados, sistemas de costos y reformas para aplicar una contabilidad en base a lo devengado. Se mantiene una excesiva formalidad procedimental administrativa, en lugar de un enfoque que haga hincapié en la economía y la eficiencia, lo que dificulta los sistemas de compras y contrataciones pero a la vez genera un espacio propicio para que aflore la corrupción.
También sigue pendiente que los encargados de las finanzas públicas distingan los dos conceptos básicos en la administración de los recursos públicos, como lo plantean Allen, Hemming y Potter (2014): “Aunque los objetivos de la gestión financiera pública se superponen con los objetivos de la política fiscal, la gestión financiera pública y la política fiscal no son lo mismo. La primera se concentra más en el gasto que en la tributación y su propósito es lograr la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público, mientras que los objetivos de la política fiscal son lograr la estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico sostenible”. Esto obedece, según los investigadores, a que en Colombia se piensa primero en ajustes en las tasas impositivas antes de articular sus efectos en la promoción del desarrollo, estabilidad económica, redistribución de ingresos, crecimiento económico sostenible y la asignación eficiente de los recursos.
Lo que afectará 2018
Para el 2018 son muchos los factores que afectaran el desempeño económico de Colombia. La Reforma Tributaria, la volatilidad de la tasa de cambio que se mantendrá en promedio en $3.140, incrementos en los costos materias primas, resultados de cambios en inflación, la desaceleración económica por la fuerte presión tributaria en la clase media, los efectos en la competencia y los precios bajos que no permiten la maniobrabilidad de las finanzas para la generación de valor agregado que haga sostenible a las empresas en sus márgenes de rentabilidad, son algunos.
Pero no hay que perder de vista el contexto económico, político y social de la globalización, que muy probablemente también tendrá impacto el contrabando y competencia desleal en el comercio resultado del auge de las exportaciones y el detrimento de las importaciones por el alza en el tipo de cambio, de la falta de articulación de la política fiscal con las políticas monetarias, cambiarias y comerciales se vislumbra alza en la inflación por el incremento en los precios, alzas de los insumos, los costos financieros, impuestos y otros costos, que el productor traslada al consumidor final, los costos laborales por los ajustes salariales que se deben hacer para compensar la pérdida de poder adquisitivo por los efectos inflacionarios.
El déficit en las finanzas públicas fue una de las mayores dificultades que enfrentaron las autoridades económicas durante el 2016 y el 2017 y se puede afirmar que con los compromisos del acuerdo de paz, el 2018 muestra un panorama de incertidumbre por la pérdida de confianza en el manejo de la política económica para alcanzar el equilibrio de una finanzas públicas sanas. Este desequilibrio pasó a ser factor de vulnerabilidad de la macroeconomía colombiana.
De hecho el país cierra el año con la reducción de la calificación crediticia que hace la agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) debido, entre otros factores, al crecimiento débil de su economía, su déficit fiscal y su alta deuda externa.
En materia de desigualdad, Colombia avanzó y cumplió las metas un año antes; el llamado Coeficiente de Gini (mide desigualdad en los ingresos) pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016, y de 0,517 en el 2017. Mientras más cercano a 0, el país es menos desigual.
En cuanto a la región Caribe hay gran optimismo frente a su desarrollo por la capacidad de liderazgo de sus dirigentes y las iniciativas desde la sociedad civil que resultan clave para generar proyectos que logren atacar la pobreza de manera efectiva.
ELHERALDO
